por
El bono AUGE, también conocido como bono portable o subsidio a la demanda en lenguaje económico, viene a convertirse en el cierre de un capítulo que se comenzó a escribir en los inicios de la década de los noventa por el sector más liberal de la Concertación. Buscaba profundizar la lógica del modelo neoliberal en salud, impulsado por la dictadura en el inicio de la década del ochenta.
Desde aquel entonces, se comenzaban a acuñar términos como el paquete de prestaciones valoradas, los hospitales autónomos -hoy autogestionados- y el llamado en ese entonces subsidio a la demanda. El principal problema en aquel momento es que dentro de la Concertación no existía el capital político suficiente para promover una reforma de este estilo. No fue hasta la implementación del AUGE, en el año 2002, que un sector del Gobierno, liderado por la Democracia Cristiana, vio la posibilidad de impulsar estas reformas, convenciendo al ala más socialista de que estas medidas iban a promover los principios de universalidad, igualdad y equidad que hasta ese entonces no se habían alcanzado.
Por lo tanto, para comprender las implicancias de la implementación del bono AUGE, debemos entender la repercusión de la reforma de manera global. Al inicio, y bajo la justificación de un paquete básico para el sector público, las ISAPRES se vieron
beneficiadas, ya que las personas que cotizaban poco -la clase media baja- y gastaban mucho -los enfermos- migraron a FONASA. La apuesta de la Concertación era que el sector público lograra dar abasto a la demanda de patologías AUGE, lo que no se cumplió. Las personas tuvieron que recurrir a las prestaciones del sector privado.
Hoy, frente a una estrangulación del financiamiento al sector público en salud, se pretende limitar aún más la capacidad resolutiva de este sector, dejando la pista cada vez más libre para que el bono AUGE venga a finalizar una estrategia diseñada para privilegiar al sector privado. De esta forma se cumplen las principales consecuencias negativas de esta política:
1. Transferencia de dinero desde el sector público al sector privado con fines de lucro.
2. Un aumento del gasto en salud, ya que en el sector privado los costos son más altos.
3. Y un refuerzo a la selección de los pacientes AUGE sobre los NO AUGE.
Ahora, la alternativa frente a la inminente privatización del sistema por completo sería reinvertir los recursos en el sector público, procurando que el AUGE a lo menos funcione bajo el principio de priorización y no bajo la lógica de discriminación sobre la cual ha estado actuando hasta ahora.
Se vuelve cada vez más mandatorio que el mundo progresista retome la reflexión sobre una profunda reforma al sistema de financiamiento en salud y acerca de las maneras de gestión. Que promueva la participación ciudadana en la toma de decisiones democráticas con respecto al tipo de salud que deseamos alcanzar. Debemos proyectar la salud como un derecho y no como una mercancía transable en un mercado fragmentado, que ha abandonado la lucha por establecer a la solidaridad como principio básico irrenunciable de la construcción de un modelo de seguridad social más justo.
Extraido de SENTIDOS COMUNES
El bono AUGE, también conocido como bono portable o subsidio a la demanda en lenguaje económico, viene a convertirse en el cierre de un capítulo que se comenzó a escribir en los inicios de la década de los noventa por el sector más liberal de la Concertación. Buscaba profundizar la lógica del modelo neoliberal en salud, impulsado por la dictadura en el inicio de la década del ochenta.Desde aquel entonces, se comenzaban a acuñar términos como el paquete de prestaciones valoradas, los hospitales autónomos -hoy autogestionados- y el llamado en ese entonces subsidio a la demanda. El principal problema en aquel momento es que dentro de la Concertación no existía el capital político suficiente para promover una reforma de este estilo. No fue hasta la implementación del AUGE, en el año 2002, que un sector del Gobierno, liderado por la Democracia Cristiana, vio la posibilidad de impulsar estas reformas, convenciendo al ala más socialista de que estas medidas iban a promover los principios de universalidad, igualdad y equidad que hasta ese entonces no se habían alcanzado.
Por lo tanto, para comprender las implicancias de la implementación del bono AUGE, debemos entender la repercusión de la reforma de manera global. Al inicio, y bajo la justificación de un paquete básico para el sector público, las ISAPRES se vieron
beneficiadas, ya que las personas que cotizaban poco -la clase media baja- y gastaban mucho -los enfermos- migraron a FONASA. La apuesta de la Concertación era que el sector público lograra dar abasto a la demanda de patologías AUGE, lo que no se cumplió. Las personas tuvieron que recurrir a las prestaciones del sector privado.
Hoy, frente a una estrangulación del financiamiento al sector público en salud, se pretende limitar aún más la capacidad resolutiva de este sector, dejando la pista cada vez más libre para que el bono AUGE venga a finalizar una estrategia diseñada para privilegiar al sector privado. De esta forma se cumplen las principales consecuencias negativas de esta política:
1. Transferencia de dinero desde el sector público al sector privado con fines de lucro.
2. Un aumento del gasto en salud, ya que en el sector privado los costos son más altos.
3. Y un refuerzo a la selección de los pacientes AUGE sobre los NO AUGE.
Ahora, la alternativa frente a la inminente privatización del sistema por completo sería reinvertir los recursos en el sector público, procurando que el AUGE a lo menos funcione bajo el principio de priorización y no bajo la lógica de discriminación sobre la cual ha estado actuando hasta ahora.
Se vuelve cada vez más mandatorio que el mundo progresista retome la reflexión sobre una profunda reforma al sistema de financiamiento en salud y acerca de las maneras de gestión. Que promueva la participación ciudadana en la toma de decisiones democráticas con respecto al tipo de salud que deseamos alcanzar. Debemos proyectar la salud como un derecho y no como una mercancía transable en un mercado fragmentado, que ha abandonado la lucha por establecer a la solidaridad como principio básico irrenunciable de la construcción de un modelo de seguridad social más justo.
Extraido de SENTIDOS COMUNES
No hay comentarios:
Publicar un comentario