Ex Editor de Economía Diario 7
Ahora que ha bajado un poco la efervescencia teletonera luego de cumplida la meta, me parece necesario llamar al periodismo, a los medios, a hacer definitivamente la pega que hace rato nos llora con la Teletón. ¿Cuántos años llevamos llenos de rumores, de mitos urbanos, respecto de cómo se financia la campaña, cómo operan las empresas o qué beneficios tributarios existen para los donantes millonarios?
Y, por favor, no se entienda mal. No pido un reportaje donde se busque destruir a la Teletón. Pido nada más uno donde se aclaren una serie de cosas que, además, normalmente enredan el debate.
Es importante saber, por ejemplo, si hay descuentos tributarios para las empresas o personas que aparecen aportando sumas millonarias a la campaña. Y si hay descuento, cuántas lo aprovechan y por qué montos. Sobre todo porque normalmente quienes critican el evento suelen apelar a la responsabilidad del Estado para con estos niños; y si existen rebajas tributarias, al menos habrá que explicar que eso quiere decir que el Estado se está poniendo con una parte (seguramente relevante) de la plata que en el evento pareciera que la entregan las empresas u otras instituciones o personas.
Si se confirma el uso de franquicias tributarias habrá que discutir, además, si esta es la mejor manera de destinar recursos públicos a la salud o cuán justo es para otros tipos de enfermedades con menos prensa o con poblaciones afectadas más reducidas. O cuán transparente es que la donación tenga un beneficio para las empresas, pero sea producto de un mayor consumo de personas anónimas que no reciben ningún incentivo por su aporte.
Y habrá que aclarar, además, que lo que ocurre con las franquicias tributarias a las donaciones es que una plata que debía llegar a las arcas del Estado no llega a ellas y la decisión sobre dónde gastarla la toma el contribuyente de altos ingresos que se acoge a la franquicia (en lugar de lo que ocurre con los gastos del presupuesto, que son orientados y fiscalizados anualmente por los representantes de la ciudadanía en el gobierno y el Congreso).
Es cierto que, en principio, podría no haber mayores problemas con el destino de los recursos, pero es cosa de ver cómo funciona la franquicia para donaciones en las universidades para saber cómo se pueden dar distorsiones groseras: en el caso de las universidades, la élite económica del país (que es la que paga impuestos y, por ende, la que puede acogerse a la franquicia) termina traspasando dineros públicos a las universidades de la misma élite: las universidades de Los Andes, Católica y Del Desarrollo aparecen persistentemente entre las cinco primeras en recepción de donaciones. De las universidades públicas, sólo la U. de Chile compite entre las tres primeras.
En resumen, habrá que explicar que, en la lógica de las franquicias tributarias, que se conoce también como democracia tributaria, sólo pueden participar las personas que tienen ingresos anuales superiores, poro más o menos, a los 5 millones de pesos, que son las que están obligadas a pagar el impuesto a la renta en Chile. ¿Y sabe usted cuántas personas caen en esa categoría? Apenas 1 millón de chilenos, y sólo 940 mil personas declararon ingresos superiores a este monto en 2004. Esto equivale a un 18% de quienes declararon ingresos ese año y a un 9% de los chilenos (hombres y mujeres mayores de 18 años) que la Constitución define como ciudadanos con derecho a voto (porcentaje similar, curiosamente, al de los mayores de 21 años que tenía derecho a voto con el voto censitario).
Si no hay franquicias y cada empresa realmente dona lo que dice donar, bueno, todos felices; o no tanto, pero con menos espacio para la desconfianza. Porque críticas va a haber siempre, pero es distinto cuando está en juego le dinero de todos los chilenos, que se supone debe ir en beneficio de los más pobres, de los que más necesitan.
Extraido de OJO DEL MEDIO
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