por Osvaldo Torres
La izquierda de la Concertación fue colonizada intelectual y políticamente por los diseños producidos en las universidades, centros de pensamiento y organismos ligados a Washington.
Sorpresa tras sorpresa. El antimperialismo socialista pasó de moda hace rato y no solo eso, pues ahora se encuentra en franca asociación con la política exterior norteamericana.
Los documentos difundidos por el periodismo independiente, y valiente, del sitio Wikileaks, han dejado al desnudo que el gobierno de M. Bachelet a través de su ex Ministro del Interior, el democratacristiano E. Perez Yoma – durante la cancillería ejercida por el DC A. Foxley- solicitaron la colaboración de la “Inteligencia” norteamericana para combatir la causa mapuche. El gobierno se había comprado el discurso de la derecha autoritaria sobre “el terrorismo mapuche” y recurría a un “aliado” para actuar.
Pero no sería la primera vez que en política ocurría esto –para no hablar de las políticas económicas-, pues como quedó en evidencia con la muerte de los 81 presos comunes hace pocos días, los gobiernos de la Concertación también asumieron como propias las políticas antidelincuencia promovidas por la derecha autoritaria local en prolongación de las políticas norteamericanas. Ya lo han señalado varios estudios, terminamos luego de 20 años, con la mayor tasa per capita de presos entre los países de América Latina y discutiendo sobre el ritmo y número de cárceles construidas.
Los dos ejemplos anteriores ponen en la discusión un problema crucial de la identidad socialista: su carácter antimperialista. No se trata de la nostalgia de revivir las marchas en solidaridad de Vietnam o volver a editar los “Documentos de la ITT” sobre la intromisión norteamericana en la política nacional en los ’70, sino de sostener una política internacional autónoma, que entienda que los intereses norteamericanos no son los mismos que los chilenos o de los latinoamericanos, y que por tanto se requiere de generar los contrapesos regionales e internacionales para defender un proyecto de desarrollo no condicionado a los intereses de las transnacionales (Barrick Gold, Hidroaysen, etc). No vivimos la era “post imperialista” sino más bien la constitución de un imperialismo que requiere cada vez más de la incondicionalidad política de sus áreas de influencia para asegurar los procesos de especulación financiera e inversión en recursos estratégicos de la sociedad de la información. Allí están el “Consenso de Washington”, las directrices del FMI, la guerra en Irak y Afganistán, la ayuda millonaria a la posición colombiana, entre otras.
La política internacional concertacionista estuvo más cerca de Estados Unidos que de los gobiernos de Bolivia, Argentina, Venezuela, Brasil y Ecuador, procurando con ello obtener un buen puntaje en las clasificadoras de Wall Street que especulan en las bolsas internacionales, más que por solidarizar decididamente con las intentonas golpistas como fue el caso venezolano.
El asunto merece una pregunta. Se ha venido discutiendo acerca del progresismo, pero parece ser que lo que se debe discutir es qué se entiende por una alianza de centroizquierda. Es lícito preguntárselo toda vez que la izquierda concertacionista se desperfiló, perdió identidad programática y más bien pareció reducida a la función de darle gobernabilidad a las medidas liberales pro compensación social. Es decir, las políticas sociales de estas dos décadas no fueron más allá de los diseños impulsados por las agencias internacionales como el Banco Mundial, que propugnaban la reducción del riesgo y la “vulnerabilidad” social, que amortiguaran los efectos de los procesos de liberalización al capital financiero y la falta de regulación de los mercados de bienes sociales.
La izquierda de la Concertación fue colonizada intelectual y políticamente por los diseños producidos en las universidades, centros de pensamiento y organismos ligados a Washington. Mientras la desigualdad social y territorial está instalada como eje de un modelo que continúa concentrando el poder económico, debilitando el ejercicio de la política, cooptando a sus administradores e impidiendo el debate sobre cuestiones como la libertad individual, la participación social y las reformas políticas democratizadoras.
No hay alianza de centroizquierda si la izquierda y en particular el Partido Socialista no contribuyen con una identidad política claramente nacional y popular, de cara a los desafíos de la desigualdad y la libertad. Para ello se requiere poseer un programa político viable para resolver esos temas y también una recuperación de la credibilidad y confianza de los sectores populares y medios hacia una dirigencia que sea creíble en su disposición a la confrontación democrática con los intereses de los más privilegiados. Se necesitará una política de izquierda que recomponga una mayoría social capaz de llevar al país a una nueva estrategia de desarrollo de carácter sustentable e inclusivo.
Si la izquierda no enfrenta este proceso de actualización identitaria que le permita reconocerse en los problemas sociales y los desafíos futuros del país, será imposible construir una alianza de centro izquierda y menos recuperar el gobierno para cambiar el país.
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