por Marco Kremerman (*) (El Mostrador)
Lo que se intenta colocar bajo la señal de urgencia es que no puede ser posible que gran parte de los estudiantes de la educación superior chilena se estén educando bajo un solo paradigma de visión de mundo, aquella que no concibe que la educación es un derecho, que cree a pie firme en el chorreo y que frena la participación de las personas, impidiendo (en muchos casos) la creación de centros de estudiantes en sus planteles.
Las movilizaciones de los estudiantes han propiciado por primera vez en las últimas 3 o 4 décadas un debate real sobre el sistema de Educación Superior diseñado en plena dictadura militar.
Lentamente comienzan a caer los velos y con espasmo la ciudadanía entra en conciencia de que estamos frente a una crisis sistémica, que no sólo tiene que ver con la falta de financiamiento de las universidades estatales (considerando que 7 de ellas recibe un financiamiento fiscal inferior al 10% de sus ingresos), el elevado endeudamiento de los alumnos vía crédito con aval del Estado y la extensión del lucro pasando por el lado de la ley, sino que fundamentalmente se relaciona con una crisis política y cultural, de un país que en vez de construir políticas públicas serias y en sintonía con el bien común y la construcción de un proyecto de sociedad democrática, igualitaria y solidaria, administró un experimento que consistió en generar un buen negocio, un mercado de la educación, que bajo la excusa del aumento de la cobertura, desmanteló la idea de educación pública y la relación entre educación y proyecto país.
Pasando por alto, los modelos aplicados en otros países que tienen mucha más historia que Chile y que han conseguido asegurar un conjunto de derechos para sus ciudadanos, aquí, con total liviandad y cálculo económico, se montó una arquitectura que ni siquiera alcanza para Sistema Mixto de Educación, ya que más del 80% de los estudiantes está matriculado en establecimientos privados. Vale decir, el pilar público, que bajo cualquier reflexión debe ser la base de cualquier sistema educativo, en nuestro país es sólo el apéndice y que para algunos ojalá no existiera.
Sin ir más lejos, si observamos las estadísticas de matrícula del año 2010 que nos proporciona la página web del Ministerio de Educación, las cifras son contundentes. De los 940 mil alumnos de pregrado (incluye a Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales), 162 mil estudian en planteles estatales, lo que equivale a sólo un 17%.
Por otro lado, si sumamos la matrícula de la Universidad de las Américas, la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad de Viña del Mar y el Instituto Profesional AIEP, todos pertenecientes al consorcio internacional Laureate Education Inc, llegamos a 102.591 alumnos y si consideramos al Holding Educacional Corporación Santo Tomás, controlado en un 57% por el grupo nacional Hurtado-Vicuña (que también tiene vastos negocios en los sectores financiero, seguros, minería, telecomunicaciones e inmobiliaria) y el fondo de inversión Linzor Capital (con inversiones también en el Holding Cruz Blanca Salud) y que incluye a la Universidad Santo Tomás, al Instituto Profesional Santo Tomás y al Centro de Formación Técnica Santo Tomás, llegamos a 63.755 alumnos.
En resumen, sólo dos holdings educacionales agrupan una matrícula de más de 166 mil estudiantes, vale decir, tienen más alumnos en sus aulas que todos los planteles estatales de Chile.
Demás está decir que existen otros holdings de la educación como Inacap, que incluyendo su Universidad Tecnológica, CFT e IP concentran una matrícula de más de 95 mil alumnos, Duoc con más de 56 mil alumnos y universidades lideradas por políticos y empresarios y/o políticos-empresarios vinculados explícitamente al proyecto ideológico de la derecha (muchos de ellos formando parte actualmente de ministerios y servicios públicos) ex ministros de la dictadura, entre otros, tales como Universidad San Sebastián, Universidad Autónoma de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad de Los Andes, Universidad Fines Terrae, Universidad Bernardo O’Higgins, Universidad del Mar, Universidad Aconcagua, Universidad Mayor, Universidad Gabriela Mistral, Universidad del Pacífico, por nombrar algunas, que tiene una cartera de más de 110 mil alumnos.
No se trata de cuestionar los proyectos educativos distintos, que en aras de la libertad de enseñanza existen en muchos países. Lo que se intenta colocar bajo la señal de urgencia es que no puede ser posible que gran parte de los estudiantes de la educación superior chilena se estén educando bajo un solo paradigma de visión de mundo, aquella que no concibe que la educación es un derecho, que cree a pie firme en el chorreo y que frena la participación de las personas, impidiendo (en muchos casos) la creación de centros de estudiantes en sus planteles. Aquí no habrá incentivos para enseñar cómo superar las excesivas desigualdades, como diseñar reformas políticas, construir un sistema de salud y educación público universal y de calidad, ni como diseñar un royalty real que permita recuperar parte de la riqueza generada con recursos chilenos, pero cuyos beneficios se van a tierras extranjeras.
En pocas palabras, detrás del modelo de Educación Superior “a la chilena” no hay proyecto país vinculante, ni estrategia de desarrollo, ni bien común. Por el contrario todos los incentivos están puestos en la lógica de entender a la educación como proyecto personal que genera rentabilidad futura y por ello el lucro puede ser admitido y el Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE) propuesto por el presidente Piñera resulta funcional y no toca en un ápice su lógica:
Toda la energía y los recursos deben estar colocados en los clientes (alumnos) para inyectar más recursos, vía créditos y becas, a este proyecto ideológico y este lucrativo negocio, para el cual la educación pública es un obstáculo.
(*): Investigador de la Fundación SOL http://www.fundacionsol.cl
Extraido de El Mostrador
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