Los primeros contactos con los comunistas para desactivar el conflicto comenzaron en abril, con el diputado Gustavo Hasbún y el historiador Alejandro San Francisco. Las tratativas fallaron y terminaron con la salida de Lavín de Educación. El gobierno continuó en las últimas semanas las conversaciones a través de parlamentarios de RN cercanos al ministro Bulnes. Ninguno de los acercamientos ha llegado a puerto: el PC ha sido desbordado por los grupos más radicales.
Al
caer la tarde del jueves, cuando la jornada de protestas estudiantiles arrojaba 527 detenidos, los manifestantes se enfrentaban en las calles con piquetes de Carabineros y en buena parte de Santiago comenzaba a prepararse un "cacerolazo", el diputado Guillermo Teillier dio muestras de inquietud frente al resultado de las reservadas conversaciones que ha sostenido el PC con La Moneda desde hace al menos tres meses para desactivar la crisis. "Había posturas que se estaban acercando con el gobierno hasta lo de la prohibición de las marchas", afirmó el timonel comunista.Teillier había mantenido contacto directo con La Moneda en las horas previas de la marcha. El día anterior recibió un llamado del ministro Rodrigo Hinzpeter, quien, según el parlamentario, le informó que Interior había detectado a personas recolectando "pertrechos" para la movilización y le sugirió comunicarle a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) de esta situación. Esa misma jornada, mientras el gobierno intentaba desactivar la marcha por Alameda, el vocero Andrés Chadwick habló con el parlamentario en el Congreso para buscar un entendimiento.
A esa altura, tal como ocurrió durante la gestión de Joaquín Lavín en Educación, el gobierno tenía claro que su mejor carta para controlar las movilizaciones era potenciar la interlocución con el PC. No sólo porque el partido suele actuar con disciplina y ha dado muestras de querer entrar al establishment y mantener el control de los movimientos sociales. Sus militantes encabezan nueve de las 34 federaciones de la Confech, incluyendo la vocera Camila Vallejo, y buena parte del resto de los dirigentes es controlado por los llamados "ultra": se trata de grupos de izquierda más radical, sin vínculos con partidos y con una agenda que sobrepasa la educacional.
Así, en los días previos a la marcha por Alameda, Teillier había sostenido diversos contactos con diputados cercanos al ministro de Educación, Felipe Bulnes. Se trataba de los RN Cristián y Nicolás Monckeberg, además de Pedro Browne, quienes intentaron transformarse en puentes para posibilitar un acuerdo. Lo mismo hacía el alcalde Pablo Zalaquett, quien se contactaba con el dirigente Manuel Hernández para acercar posiciones.
La idea del gobierno apuntaba entonces a abrir una mesa de negociación con todos los actores antes de enviar al Congreso el paquete de medidas que anunció el Presidente Sebastián Piñera el martes de esta semana.
Las tratativas eran complejas. Los parlamentarios le plantearon al presidente del PC su inquietud por el descontrol del movimiento estudiantil. Y la respuesta de Teillier, afirman fuentes oficialistas, fue casi siempre la misma: su partido no controlaba la situación.
La falta de control del PC del movimiento la vivió Hinzpeter la tarde del miércoles. En La Moneda señalan que el gobierno había convencido ese día a Teillier de abrir un espacio para que la marcha no se realizara por la Alameda, lo que se tradujo en un encuentro del ministro con Camila Vallejo y otros miembros del PC, como el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. En su despacho, el titular de Interior ofreció que la protesta se efectuara entre la Estación Central y el Parque O´Higgins -entre otras alternativas-y hasta interrumpió la reunión para consultarle al alcalde Pablo Zalaquett por esa posibilidad. En el gobierno señalan que Zalaquett aprobó la idea, pero los delegados del PC pidieron abandonar la oficina para pensar la propuesta. Bastaron 10 minutos para que volvieran al encuentro y Vallejo rechazara la iniciativa.
El mismo día de la marcha, Teillier señalaba a La Tercera que "el gobierno tiene dos caminos: alargar o postergar la crisis. Su respuesta fue una plataforma mínima y ellos saben que deben salirse de esa propuesta. Si se ofrece una mesa (de diálogo) tiene que ser con garantías, porque los estudiantes desconfían".
A esa altura, La Moneda había hecho un control de daños de la jornada. En el gobierno existía la convicción de que el haber autorizado anteriormente las marchas por Alameda había sido un error, lo que había sido reflejado en encuestas internas: parte de la población quería medidas que apuntaran al control del orden público y evitar la sensación de "ingobernabilidad". El sondeo del CEP arrojó ese mismo día que sólo el 25% creía que Piñera estaba actuando con firmeza, bajando 25 puntos en seis meses.
Por la noche, conscientes de que la Confech rechazaría al día siguiente la propuesta del Presidente, Bulnes preparó un paquete de medidas para que los alumnos no sigan perdiendo clases y seguía a firme la idea que lideró Piñera de endurecer la postura frente a las movilizaciones y trasladar el conflicto al Congreso. El gobierno no sólo iniciaba una nueva medición de fuerzas con la Confech, apostando a su división y desgaste en el tiempo. También buscaba recuperar los electores identificados con el voto "duro" de derecha, que piden restablecer el orden y que en la encuesta CEP castigaron al Jefe de Estado, cuyo 26% de apoyo es menor al respaldo que históricamente ha tenido el sector.
Las conversaciones con el PC comenzaron a inicios de año. Los contactos fueron encabezados por el asesor del Mineduc, Alejandro San Francisco. Historiador de la UC y ex consejero del Instituto Libertad y Desarrollo, San Francisco organizó una reunión de Lavín con 25 estudiantes secundarios en el Cajón del Maipo. El encuentro fue privado. En mayo, cuando los universitarios movían sus primeras fichas, inició los contactos con la Confech. En su agenda de conversaciones incluyó a Camila Vallejo; el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, y su homólogo de la Usach, Camilo Ballesteros, quien milita en las JJ.CC. y es considerado en La Moneda como el principal articulador del movimiento.
El diálogo con los comunistas avanzó hasta fines de mayo, cuando las gestiones de San Francisco terminaron en un encuentro de Vallejo con Lavín en el Mineduc. Hasta entonces, el ex titular de Educación y La Moneda apostaban a un acuerdo con el PC, que pasaba por dar espacios a los comunistas para posicionar públicamente a la vocera de la Confech y luego amarrar un acuerdo.
Lo que no previó Lavín ni el equipo político de Palacio era que el partido sería sobrepasado por los grupos "ultra". La cita de Vallejo con el ex titular de Educación terminó con fuertes cuestionamientos en la asamblea de la Confech del 25 de junio, realizada en la Universidad Federico Santa María. Los representantes de la izquierda más radical, como los de la Utem y las universidades de regiones, argumentaron con dureza que sus demandas no estaban bien representadas, lo que derivó en la modificación de la mesa ejecutiva de la organización y amplió la representación de los sectores "ultra en la entidad.
La cita, además, terminó deteriorando otro frente de negociación que impulsaba el gobierno: el del diputado Gustavo Hasbún (UDI), quien entonces era el encargado de acercar posiciones con Teillier para instalar una mesa de diálogo y tejió vínculos con el PC cuando era alcalde de Estación Central y el abogado Hugo Gutiérrez era concejal de la comuna.
Con Camila Vallejo corriendo el riesgo de perder el control de las negociaciones, el presidente del PC comenzó a dar señales de que la iniciativa del gobierno iba a ser más compleja de lo esperado. Otro factor conspiraría contra Lavín. El oficialismo comenzó a lanzar críticas por el rol de los comunistas en las protestas, ante lo cual Teillier se quejó con el diputado gremialista.
De todas maneras, las conversaciones de los parlamentarios continuaron en el Congreso, a través del teléfono o en encuentros en casas. Después de cada cita, Hasbún informaba a Lavín, quien esperó hasta inicios de julio una respuesta positiva de los estudiantes. Teillier nunca llegaría a comunicar esa decisión: el riesgo de un quiebre en la Confech y el costo de que los comunistas fuesen sindicados como los culpables eran muy altos.
La imposibilidad de forjar un acuerdo con el PC para detener las movilizaciones, unido a que el debate se centró en el lucro y sus vínculos con la Universidad del Desarrollo, sellaron la salida de Lavín del ministerio el 18 de julio.
En La Moneda siguieron de cerca las diferencias entre el PC y los "ultra", que siguieron enfrentándose por la cercanía de Camila Vallejo con el Colegio de Profesores, el ingreso de la Federación de Estudiantes Mapuches a la Confech y el debate en torno a convocar una asamblea constituyente: se trataba de una iniciativa de los comunistas. A esos factores se sumó que uno de los últimos encuentros de la federación fue en Punta Arenas, lo que a ojos de Palacio también se explicaba por las diferencias internas. Un ministro afirma que el encuentro se realizó en una zona aislada para que no llegaran los "monos con navaja", como bautizaron a los grupos radicales.
En las reuniones de la Confech, los "ultra" han llegado a utilizar el ejemplo de la Universidad Autónoma de México (Unam) para graficar los costos y beneficios de una movilización prolongada. Entre abril de 1999 y febrero de 2000, los estudiantes de la Unam se paralizaron por una modificación al régimen de pagos de las carreras. Perdieron el año académico, pero consiguieron que el Ejecutivo les concediera educación gratuita en esa casa de estudios.
En este contexto, las otras negociaciones que se han desplegado con los estudiantes -como las realizadas por el senador PS Juan Pablo Letelier con el presidente de la Feuc- tampoco han llegado a puerto. Y las alertas de La Moneda siguen prendidas, más aún después de los desmanes en la Alameda.
El jueves, en plena jornada de movilizaciones, Piñera se reunió con un grupo de ocho parlamentarios oficialistas y se quejó amargamente de la carta de respaldo que entregó ese día en La Moneda un grupo de parlamentarios de la Concertación y el PC, que anticiparon que apoyarían la respuesta de los estudiantes al paquete de medidas del Presidente.
"Piñera no entendía cómo la Concertación no quería retomar la política de los acuerdos y seguían confiando en que Michelle Bachelet era su única solución", señaló un presente.
A esa altura, en el comité político de La Moneda ya temían que la Concertación se volcara a apoyar las movilizaciones callejeras, rechazara la propuesta del gobierno e intentara aprovechar la crisis para armar un gran bloque de oposición. Y que el PC, en un escenario marcado por los enfrentamientos ocurridos durante la marcha no autorizada por Alameda, terminara radicalizando su postura y dejando de convertirse en una suerte de salvavidas para el gobierno.
Extraido de La Tercera
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