por Luis Concha
“Le gusta el concepto de ‘tercera vía’, pues su propia filosofía política, desarrollada a fines de los 60, fue una versión de esa idea”. Era agosto de 2006 y el mentor del ex primer ministro británico Tony Blair y ex director y académico de la London School of Economics (LSE), Anthony Giddens, regresaba de Trípoli y retrataba de esa forma en la revista británica The New Statesman la impresión que el dictador libio Muammar Gaddafi tenía sobre la corriente política de la que Giddens fue ideólogo.
Para entonces, el sociólogo, quien plasmó su “modernización del socialismo” en el libro La tercera vía a fines de los 90, estaba acostumbrado a hablar sobre su ideología y su implementación en charlas y cumbres en las que se daban cita diversos mandatarios y líderes mundiales que la habían adoptado, como Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, en Brasil; Gerard Schroeder, en Alemania; Felipe González, en España; el ex Presidente argentino Néstor Kirchner y con la que incluso se identificaba al ex Presidente de EE.UU. Bill Clinton. En Chile, la corriente de Giddens adquirió notoriedad, porque fue adoptada por Ricardo Lagos al asumir su mandato en 2000.
Pero la cita del sociólogo británico con Gaddafi, que se repitió en 2007 y tras las cuales escribió elogiosos artículos sobre la situación política de Libia, que fueron replicados por medios de comunicación del Reino Unido, Italia y España, entre otros países, no fueron producto de la tercera vía, sino de las gestiones de Monitor Group. Esta empresa de EE.UU. fue contratada por US$ 3,2 millones por el gobierno libio -según revelaron documentos desclasificados por Wikileaks-, para realizar un proceso de “limpieza de imagen” del régimen en Occidente.
El plan de la empresa consistía en invitar a líderes de opinión y analistas de nivel mundial a conversar con Gaddafi, con el objetivo de “ampliar el diálogo” sobre la situación y conducción política del país y el líder libio. Entre los invitados hubo ex asesores del gobierno estadounidense, académicos de Harvard y de otras universidades de EE.UU., como Francis Fukuyama, Benjamin Barber o Joseph Nye.
Según publicó The Guardian, en 2006, Monitor Group envió una carta a Trípoli para informar: “Estamos encantados de que luego de varias conversaciones, Lord Giddens aceptó nuestra invitación para visitar Libia”. El destinatario fue Abdulah Senussi, encargado de “visar” la visita del sociólogo y a quien hoy los rebeldes califican como el número dos en su lista de criminales de guerra, inculpado de la muerte de rebeldes en Benghazi y responsabilizado de la masacre de 1.200 internos de la prisión de Abu Salim en 1996.
En sus columnas sobre Libia, Giddens no explicó el origen de su viaje -invitación de Monitor Group- y cuando The Guardian le consultó si recibió pagos, el sociólogo se negó a responder.
Cuando la semana pasada se recordaron en Inglaterra las reuniones de Giddens, aumentó la presión sobre el London School of Economics, pues el sociólogo es uno de los directores más recordados de la institución (1997 a 2003).
Desde fines de febrero, la institución reconocida como la tercera universidad en Ciencias Sociales del Reino Unido, tras Oxford y Cambridge -según el ranking Times de educación superior 2011-, estaba en el ojo de la crítica luego de que el periódico The Daily Mail reveló una serie de conexiones y vínculos de LSE con dictador libio.
Aunque el escándalo, que hoy remece a la LSE, se centró en las denuncias de plagio de la tesis del hijo de Gaddafi, Saif Al Islam, quien se doctoró en 2008 en la institución y que al año siguiente donó US$ 2,4 millones a la universidad, también hay cuestionamientos sobre los vínculos que LSE estableció con el régimen de Gaddafi y el rol que esos nexos cumplieron para el gobierno británico. La administración Blair descongeló sus relaciones con Libia en 2004.
El propio Sir Howard Davis, director de LSE que renunció la semana pasada a raíz de la crisis, lo especifica en su carta de dimisión, que fue difundida entre la comunidad universitaria y publicada en el sitio web de la LSE. Davis asume el tropiezo de aceptar la donación del hijo de Gaddafi, pero, además, dice haber tenido un error de juicio al responder afirmativamente a la solicitud del gobierno británico de actuar como “enviado económico” y asesorar al régimen libio en la emisión de fondos de inversión soberanos, por los que obtuvo US$ 50 mil, que fueron invertidos en becas de la LSE para estudiantes libios.
También se cuestiona la participación de Mark Allen, miembro del directorio de LSE Ideas, quien fue jefe de la sección de Medio Oriente del MI6 durante el gobierno de Blair y consejero de Monitor Group. Allen hizo de nexo entre Gaddafi y Blair, cuando en 2004 el gobierno británico se acercó a Libia. Otros puntos en conflicto para LSE son el contrato de US$ 3,5 millones que obtuvo de los libios para capacitar a 400 funcionarios del régimen y US$ 35 mil para costear viajes de académicos a ese país.
La donación de Saif Al Islam y las acusaciones de plagio de su tesis doctoral realizada en 2008 fueron el detonante de las denuncias sobre los vínculos entre la LSE y Libia. En ese mismo caso, también se reveló que David Held, uno de los tutores del hijo de Gaddafi en la universidad, asumió, cinco días después de la donación, un cargo en la Fundación Internacional Gaddafi para la Caridad y el Desarrollo, a través de la cual se regaló el dinero y que finalmente abandonó en octubre de 2008, a sugerencia del consejo directivo de la LSE.
“Con la renuncia del director, el clima interno bajó un poco”, dice el profesor de estudios latinos, Francisco Panizza. Aún así, todas estas son materias de la investigación interna encabezada por un ex juez de la Corte Suprema, que debe esclarecer cómo y por qué se aceptaron cerca de US$ 5,9 millones.
Así lo determinó el consejo directivo de la LSE, encabezado por Peter Sutherland, ex CEO de British Petroleum, empresa que en el marco del renacimiento de las relaciones y con Sutherland a la cabeza, firmó un contrato por US$ 870 millones con Libia. A Sutherland le correspondió aceptar la renuncia de Davis tras el escándalo y determinar las acciones a seguir en el caso.
Extraido de La Tercera
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