por Vô danh
Iba como todos los días rumbo a mi trabajo, escuchando mi radio favorita de noticias, cuando muy someramente, dentro de los titulares, anuncian el cierre de una escuela en Puchuncaví por las emanaciones tóxicas desde una Planta de Codelco.
La resolución tomada por la Seremi de Salud y el Ministerio de Educación fue el cierre de la escuela.
Me preocupa esta campaña de las autoridades, de disfrazar lo correcto, a través del uso de los valores y la ética a su conveniencia, haciéndonos creer que están tomando una medida que muestra preocupación por la población.
¿Por qué no cerraron la Planta?
Porque la Planta genera ingresos, la escuela es gasto. Seguramente se preguntaron, en su fuero interno, ninguno de estos niños va a ir a estudiar a la Chile o a la Católica, ninguno es pariente de autoridad, seguramente la mitad de las niñas tendrá su primer hijo ante de los 20. ¡Qué falta de respeto a la sociedad¡
En un país desarrollado no pasan estas cosas y mientras no cambiemos nuestra manera de respetarnos aunque alcancemos los índices macroeconómicos, jamás lo seremos.
Me sigue costando aceptar que lo económico tenga mayor peso relativo que lo correcto.
Codelco ha tenido utilidades millonarias para el Estado (US$M 5.800 en 2010), pero resignado inversiones para cumplir con un compromiso básico medioambiental, el derecho a respetar el entorno y sobre todo el de los vecinos.
Si hago una fiesta en mi departamento y molesto a mis vecinos, con toda seguridad me multarán. En el caso de la escuela, haciendo la analogía con mis vecinos molestos, es como si les dijeran jódanse, tápense los oídos o cámbiense de domicilio.
Retomando el juicio del manejo de los valores, nos hacen creer que existe preocupación, conciencia social por el desvalido, montan un show con el desalojo de los afectados, con la promesa de atenderlos y que el “gobierno” está preocupado de su situación. Mientras tanto, la Planta sigue con sus emanaciones tóxicas.
Reubicar a la población del sector ¿resulta más económico que colocar dentro de estándar la planta?
Las empresas que tienen una política de desarrollo sustentable han sacado sus cuentas, y para que el negocio siga siendo negocio en el tiempo, saben que deben invertir si quieren tener una “licencia para operar”, o sea, que las comunidades aledañas lo acepten como un buen vecino y parte de su propia comunidad. Esto es una conducta ética.
Desde el punto de vista del negocio, el Gobierno ¿estaría propiciando una libre competencia entre estas empresas?, colijo que no, por lo tanto, la empresa privada a través de sus grupos colegiados, debiera exigir igualdad de condiciones para operar, esto es, si resignan utilidades por tener esta “licencia para operar” por qué la empresa del Estado no. Competencia desleal.
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