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¿Mapuche o Mapache?: Contra el Genocidio Estadístico del Censo 2012

por Pedro Cayuqueo

Cada vez que escribo “mapuche” en Word, el corrector automático de ortografía me pregunta si tal vez no quise escribir “mapache”. Y no me deja tranquilo hasta que seleccionó la opción “Omitir”, porque por más que “Agrego al diccionario” la opción correcta, un complot microsoftniano anti-mapuche la hace desaparecer al instante. Y tan solo minutos después, dale Word con el “mapache”.

Algo por el estilo es lo que pretende hacer el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, con nuestro pueblo en el próximo Censo 2012. Específicamente en lo que se refiere a la “adscripción étnica” de los encuestados. Si bien el INE se encuentra promocionando una Consulta Nacional para recibir “sugerencias” respecto del tenor de las preguntas censales – en cumplimiento a regañadientes del Convenio 169-, lo cierto es que ya pareciera estar claro el derrotero de la principal. Así se desprende al menos de la propuesta del gobierno.

“Pregunta 22. ¿A cuál de los siguientes pueblos indígenas pertenece?. 1.1 Mapuche. 1.2 Pehuenche. 1.3 Lafkenche. 1.4 Huilliche. 1.5 Huilliche – Chilote. 2. Aimara. 3. Rapa Nui o Pascuense. 4. Atacameño. 5. Quechua. 6. Colla. 7. Diaguita. 8. Kawashkar. 9. Yámana o Yagán. 10. Ninguno de los anteriores”. Nada que opinar de las opciones 2 a la 9. Sin embargo, en el caso mapuche la pregunta no puede ser calificada sino como un pésimo chiste. ¿Qué es eso de pueblo indígena “Pehuenche”, “Lafkenche”, “Huilliche”… ¡“Huilliche-Chilote”!? Para quienes, ya sea por ignorancia o por haber leído demasiado los libros de Sergio Villalobos, no lo sepan, tales denominaciones en absoluto dan cuenta de pueblos distintos del Mapuche. Hablamos de identidades territoriales, gentilicios que dan cuenta de miembros de un mismo pueblo pero que habitan en la cordillera (pehuenche), en la costa (Lafkenche) o en la zona sur (Huilliche). Es decir, denominaciones geográficas que si bien implican variaciones lingüísticas y particularidades culturales, no dejan de tener como matriz una identidad mapuche tan obvia como el merken.

¿Quién les dijo a las luminarias del INE que se trataba de pueblos indígenas diferentes al mapuche? Sospecho que nadie. Pero la oportunidad resultaba demasiado tentadora. Ya el Censo del 2002, vía pregunta igualmente capciosa, había eliminado de un plumazo más de 300 mil mapuches (Censo 1991: 932.000 mapuches / Censo 2002: 604.349 mapuches). ¿Por qué entonces no repetir y sobre todo, mejorar la fórmula? En lo personal y por qué nací en la costa de la mal llamada Araucanía, ¿debería optar el 2012 por la opción “Lafkenche”? Ridículo para mí. ¿Pero será igualmente ridículo para los miles de mapuches que viven por esos lados y que –de buena fe- pueden no captar el trasfondo político de la pregunta censal? ¿O aquellos que viven en la zona cordillerana? Mientras menos población mapuche exista, menos pesaremos en las políticas públicas y en la agenda de las élites. Esa es una verdad del porte de un buque. Y en un gobierno adicto a las encuestas y los “datos duros”, el panorama se vislumbra negrísimo.

El año 2002, tras conocerse los resultados del polémico Censo, voces mapuches denunciaron un “genocidio estadístico”. Si aquello fue un genocidio, lo que se viene bien puede ser catalogado como un “holocausto”. Ojo. Aun estamos a tiempo. ¿Por qué no salir al paso convocando a una “Campaña Virtual de Autoafirmación Mapuche”? Dicen que Twitter ha derribado gobiernos en Medio Oriente y expulsado Intendentas y Ministras en Chile. ¿Cómo no va a ser capaz de detener el holocausto censal que se nos viene como Katrina? Todos invitados. Mapuches, chilenos mestizos, caras pálidas y no tan pálidas, europeos residentes engrupidos con “Danza con Lobos”, hermanos peruanos emigrantes, también los mapaches, por cierto. Todos a Twittear para el Censo 2012, #yotambiensoymapuche.

Extraido de The Clinic

La Desigualdad es Adrede

Estado "Benefactor"

por Palomo

¿Por qué a Edmundo Varas se le Perdona Todo?

por Juan Oyanedel (*)

Cuentan en los pasillos de Canal 13 que a Edmundo lo descubrieron cuando prestaba su voz para el comercial del perro de Lipigas. Eso es mentira. El muchacho llegó en el Transantiago desde San Ramón, como todos hizo la fila para el casting de Amor Ciego, y salió elegido gracias a su infinito talento para victimizarse y cumplir el rol de niño pobre.

Chico humilde hasta la médula, su pobreza en vez de jugarle en contra fue el gran fundamento para que los productores del dating show lo eligieran para formar parte de un grupo de galanes variopinto y lastimoso. Tener en pantalla a un personaje como Edmundo representa per se la adhesión al monopólico discurso de la inclusión, la tolerancia, la lucha contra el clasismo, la igualdad de oportunidades y otras vainas sagradas.

La inopia es el arma con que Edmundo enfrenta al mundo. El éxito de la víctima, la famosa estrategia del “pobrecito”, dar lástima hasta que el otro sienta pena, misericordia y termine cediendo. Así se ganó un espacio y se hizo notar en ese zoológico televisivo. La penuria fue su bandera de lucha, precariedad reflejada en su lenguaje y sus modales, que terminaba indefectiblemente en pataletas de cabro chico, bravatas de quiltro rabioso y salidas de madre propias del “choro de la pobla”, todas perdonadas luego de la calentura. A Edmundo se le perdona todo, porque proviene de un entorno duro, donde sólo sobreviven los más fuertes o los más pillos.

Edmundo juega siempre de chico a grande, desde ese contrapicado inspira lo mismo que un perrito callejero abandonado. Así le robó un beso frío a la Cari, musa arpía y calculadora, rubia teñida que representa la aspiración que tienen los pobres, los oprimidos y marginados de someter alguna vez a la clase dominante. Lo hacen los negros, o mejor dicho los afroamericanos, en Estados Unidos cuando triunfan en el hip hop o en el basketball y luego se pasean delante de los medios de comunicación abrazados con blondas voluptuosas.

Edmundo logró su premio oxigenado gracias a la fama conseguida en un reality. Antes lo intentó jugando al fútbol, pero su brillante carrera en equipos como Estrella de Chile, Deportes Quilicura y Hosanna no alcanzó para llamar la atención de ninguna chiquilla farandulera. En honor a la verdad, ni siquiera las vecinas del barrio le daban pelota y el rey de los berrinches no era más que el hermano mayor del Wladi (otra figura notable) quien acaparaba toda la atención de las vecinas por su porte y su estampa.

Hasta que llegó su momento. Edmundo luego se convirtió en estrella, dejó de calentar la banca de la vida y fue titular indiscutido de cuanto pasquín existe en el país. Las mismas niñas, más otras oportunistas, que lo despreciaron por chico, feo, mamón y voz de pito repentinamente encontraron en él a todo un galán romántico, tierno y tincudo. Hay quienes, incluso, se atrevieron a decir que cantaba bonito.

Así son los quince minutos de fama. El chico Edmundo fue paciente y hoy encarna mejor que nadie el sueño del pibe. Como buen ídolo ya ha tenido sus problemillas con la justicia, el alcohol y las drogas. Flor de ejemplo de resiliencia, definida por la psicología como la capacidad del ser humano de sobreponerse a las dificultades de su entorno.

(*): periodista

Titulo Original: Los 15 minutos de Edmundo Varas

Extraido de THE CLINIC

Disney WAR

http://www.amorhumor.com/Humorgrafico/humorgraficopolitica1.htm

Caso Bombas

de Chistiano, La Momia Roja

Natividad Llanquileo: “Hablar de terrorismo en Chile es una exageración”

por Loreto Soto

La vocera de los presos mapuche que este miércoles cumplen 44 días en huelga de hambre, indicó que la utilización de la Ley Antiterrorista en el juicio de Cañete fue una exageración, ya que las comunidades están impedidas de realizar este tipo de actos por la pobreza en la que están inmersos y por la naturaleza de sus reivindicaciones históricas. 

Un delicado estado de salud presentan los cuatro presos políticos mapuche condenados en el juicio de Cañete, que este miércoles cumplen 44 días de huelga de hambre.

Según informó la vocera de los comuneros, Natividad Llanquileo, en conversación con el programa Corte Editorial de nuestra emisora, los ayunantes ya han perdido 14 kilos en promedio, situación que ha sido absolutamente indiferente para las autoridades, indicó.

En el caso de Héctor Llaitul, sindicado como líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la pérdida de peso ya alcanza los 16 kilos. Y la preocupación de los familiares aumenta pues aseguran que nunca hubo controles médicos para determinar si se habían recuperado de la extensa huelga del año pasado.

Los comuneros iniciaron esta medida de presión para exigir la nulidad del juicio de Cañete que, de acuerdo a lo que constataron diversos observadores internacionales y organismos de Derechos Humanos, pasó a llevar el debido proceso por la aplicación de la Ley Antiterrorista que dio paso a una serie de irregularidades como la presencia de testigos protegidos.

En esa línea, Llanquileo sostuvo que es una “exageración” utilizar esta controversial normativa en contra de los mapuche para acallar reivindicaciones históricas de las que, a su juicio, el Estado no ha podido hacerse cargo.

“Afortunadamente no hay terrorismo en Chile y menos lo va a haber dentro del pueblo mapuche. Estamos hablando del grupo más pobre de Chile y se ha comprobado que no habría forma de hacer terrorismo dentro de las comunidades donde están nuestros familiares”, dijo la portavoz de los presos.

Natividad LLanquileo indicó que la Ley Antiterrorista debería ser derogada porque no sólo se utiliza en contra del pueblo mapuche sino para “acallar cualquier tipo de protesta social” y que podría terminar siendo invocada en las protestas de estudiantes, profesores y distintos gremios.

La vocera de los comuneros recordó además que una de las condiciones para finalizar la huelga de hambre de más de 80 días que se realizó el año pasado era que el Estado dejara de utilizar esta ley en los juicios. Y pese a que, en el caso de Cañete, el Gobierno retiró su participación en la demanda, amparó las irregularidades que se dieron en el tribunal.

“Entendemos que el Ejecutivo hizo su retiro por esta ley en el plazo que dijo, sin embargo, avaló las pruebas presentadas por el Ministerio Público que fueron los testigos secretos, cuyos testimonios  sirvieron para condenar a los comuneros”, precisó Llanquileo.

La representante de los presos mapuche adelantó que continuarán con las movilizaciones a nivel nacional todos los días jueves y comentó que una delegación de familiares, lonkos y machis protestarán en Santiago “para demostrar que esta condena no es en contra de un grupo de personas sino de todo el pueblo mapuche”.

Extraido de radio.uchile.cl

El Gobierno de los Problemas Reales de la Gente

por Pablo Alberto Valenzuela (*)

“¿Dónde está el proyecto de este gobierno? ¿A qué se refieren con esas siete grandes reformas estructurales que deberían cambiar el país? ¿Por qué lloran que cuatro años es poco tiempo? Sí, es poco tiempo y no se debe perder en conflictos políticos innecesarios o en explotar supuestos éxitos del gobierno que no pasan de la coyuntura. De estructurales, nada… de transformadores, menos”

¿Qué son los problemas reales de la gente? En el discurso el concepto ha sido ampliamente utilizado y las campañas de la derecha, al menos desde el año 99 con Joaquín Lavín, han incluido la idea de preocuparse por esos problemas reales: delincuencia, pobreza, desempleo, falta de oportunidades. Es muy probable que a eso se hayan referido Lavín y Piñera cuando en las sucesivas campañas planteaban que su rol iba a ser abandonar la politiquería y las discusiones en las cúpulas partidarias por preocuparse de los problemas reales de la gente.

Y aún más lejos. El programa de gobierno del Presidente Piñera fue elaborado en gran parte a partir de estudios de opinión pública que buscaban revelar aquellos asuntos en los que la gente se encontraba más disconforme con el trabajo de la concertación y apuntar allí el trabajo de los grupos Tantauco, según indica el ministro Andrés Allamand en su libro La estrella y el arcoíris.

No creo que sea negativo que los gobiernos ―o los candidatos― se nutran de estudios de opinión pública. La Concertación probablemente también lo ha hecho y eso muestra una nueva forma de canalizar las demandas ciudadanas. Ya no sería la élite la que le plantea a los ciudadanos hacía dónde ir, sino que son las personas a través de encuestas las que revelan lo que quieren. Los candidatos, entonces, lo sistematizan en un programa de gobierno que le ofrecen a los electores.

Pero ¿hasta que punto eso favorece la actividad política? Históricamente los partidos políticos les han planteado a los chilenos discursos de cambios y transformaciones. El discurso no ha sido que un período de gobierno es poco tiempo para realizar el programa y, por lo tanto, pedirle a los votantes renovar la confianza en la coalición gobernante una vez que su tiempo se acabe, justificando así la ineficacia de los primeros años. Muy por el contrario, en la política de masas del siglo XX cada presidente ha instalado potentes ideas de cambio para el país que desean legar una vez que dejen La Moneda.

¿Qué cosas nos han quedado? La Constitución de 1925 con Alessandri. El fortalecimiento de la educación pública y la industrialización de Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, la reforma agraria y la patria joven, con Frei Montalva. La transformación nacional del Presidente Allende, la estabilidad democrática de Aylwin, la modernización de Frei Ruiz-Tagle, el crecimiento con igualdad de Lagos y la protección social de la Presidenta Bachelet.

La política presidencial se basa en discursos transformadores o de profundización de cambios. Y no es que los gobiernos no tengan que preocuparse de los problemas que afectan a la gente, dejarlos de lado sería un error político grave. Pero más allá de eso, algo de cada gobierno debe quedar en la historia. Los países enfrentan siempre grandes desafíos de desarrollo y es tarea de los gobiernos enfrentarlos. De ahí la importancia de los grandes proyectos que se traducen en políticas públicas y bien pueden ser efectivos o no, materializarse o no, pero deben constituir el tronco desde el cual va surgiendo la mayor acción política de los mandatarios.

Es decir, asumamos que durante los gobiernos van apareciendo problemas que no estaban considerados. Carlos Matus, el fallecido ex ministro de Economía del Presidente Allende, le llama a estos problemas “problemas ocasionales” que ponen a prueba la capacidad de reacción de los gobiernos. Desastres naturales, problemas externos, escándalos de corrupción, entre otros. Pero no son estos temas los que deben dominar en la agenda. El terremoto en Chile ha sido un tema muy importante, pero Pedro Aguirre Cerda vio en el terremoto de Chillán la gran ventana de oportunidad para impulsar la industrialización del país y de él eso nos queda. En suma, un gobierno no puede quedarse en aquellos problemas ocasionales. Hacerlo demuestra el pequeño poder de anticipación a los problemas y de manejo de la agenda.

¿Dónde está el proyecto de este gobierno? ¿A qué se refieren específicamente cuando hablan de las siete grandes reformas estructurales que se supone deberían cambiar el país? ¿Por qué lloran repetidamente respecto a que 4 años es poco tiempo? Estamos de acuerdo en que es poco tiempo y por lo mismo no se debe perder en conflictos políticos innecesarios o en explotar supuestos éxitos del gobierno que no pasan de la coyuntura. De estructurales, nada… de transformadores, menos. Y no es apelar a un lugar común el hecho de decir que este gobierno no tiene un relato, como lo ha hecho insistentemente Pablo Longueira en cuanta entrevista ha dado. Y es que de verdad, no lo tiene.

Lo que en algún momento parecía un discurso de la Coalición, eso de la nueva forma de gobernar, se derrumbó poco a poco. La gente no evalúa formas, evalúa resultados y de eso se ha visto poco, incluso en temas extremadamente urgentes, como la reconstrucción en las regiones azoladas por el terremoto. El Gobierno demoró casi un año en enviar al congreso proyectos de ley anunciados en el mensaje del 21 de mayo de 2010 y algunos todavía no se mandan. Los problemas ocasionales han dominado la agenda y se sale de un conflicto político para caer a otro. La Concertación, aún desordenada y dañada por la derrota, no ha tenido que esforzarse mucho para hacer ver los errores que se cometen en palacio. Es el mismo oficialismo el que los deja de manifiesto.

Y el error está justamente en pensar que basta con solucionar los problemas reales de la gente. Y no es que no haya que hacerlo, pero ¿cómo se estructura un proyecto de gobierno en torno a esos problemas? Este gobierno ha dicho que en 2018 Chile será un país desarrollado usando una definición obsoleta de desarrollo, aquélla que nos habla de PIB per cápita pero que pasa por alto la calidad de vida, y olvidando que su gestión termina en 2014.

Todos los gobiernos solucionan problemas. Es algo connatural a la acción política. Todos los gobiernos entregan viviendas, pagan subsidios, hacen transferencias a servicios públicos entre muchas otras cosas. Pero es algo tan inherente a la acción gubernativa que no son temas de los que uno se acuerde y por los cuales después los gobierno sean recordados y evaluados. De este gobierno no nos queda mucho: todavía me pregunto por qué tendremos que recordar a Sebastián Piñera y hasta ahora la respuesta que me doy es que sólo será por haber sido el primer Presidente de derecha elegido democráticamente en 50 años y que si no fuera por un terremoto al inicio de su gobierno, pocos hablarían de él en 20 ó 30 años más. Que coincidencia. Parecido a lo que fue el gobierno de Jorge Alessandri.

(*): Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales y estudiante de Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. @pau_albert

Extraido de Sentidos Comunes

Sobre Financiamiento y Acceso a la Educación Superior: Presentación de la Mesa Ejecutiva del CONFECH 2011

A continuación dejamos esta presentación de la Mesa Ejecutiva del CONFECH 2011:  

Ver mas presentaciones de Creando Conciencia Crítica

Extraido de Feusach
Leelo directo del Archivo 

CONFECH: Estudiantes de Universidades Tradicionales y Privadas preparan dos Paros Nacionales

por Lorena Cruzat y FECH 

Dos importantes paros nacionales esperan llevar a cabo los integrantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) junto a universidades privadas, según lo acordado en la reunión que sostuvieron el fin de semana, en que priorizaron las peticiones que harán al Gobierno.

El sábado y domingo participaron también federaciones de universidades privadas, como la Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Central y Diego Portales, para generar un discurso único que les otorgue mayor peso en sus peticiones.

La primera gran convocatoria será el jueves 28 de abril, protagonizada por las universidades privadas, en que la Confech estará apoyando la movilización. La segunda quedó agendada para el 12 de mayo, con el objetivo de conseguir una respuesta por parte del Presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública.

Sobre el pliego de demandas, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, señaló que el objetivo es “instalar a nivel de la opinión pública nuestras demandas. Y también nuestros principios para una reforma: terminar con el lucro en la educación y el endeudamiento de las familias, garantizar la autonomía de las instituciones, las instancias democráticas de participación, el pluralismo y la calidad, entendida como la que concibe la formación del profesional en cuanto a su integralidad, la formación cívica”.

Extraido de radio.uchile.cl

Petitorio CONFECH: Principios para una reforma a la Educación Superior

Luego de la última sesión de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, celebrada durante el fin de semana pasado, fue elaborado un calendario único de movilizaciones y un petitorio único nacional para este año.

Esto tras la larga crisis que afecta al sistema educativo de nuestro país, en donde el derecho básico a la educación no se encuentra garantizado constitucionalmente y las familias deben verse constantemente endeudadas. En esta oportunidad, también se vieron integradas universidades privadas como la Diego Portales, Academia de Humanismo Cristiano, la ARCIS y la Universidad Central.

Garantizar la educación como un derecho social universal, que sea de calidad e independiente de los grupos de poder, son alguno de los principios que sustentan las demandas del CONFECH; además de poner fin al lucro y al endeudamiento, y una educación pública pluralista y laica. El petitorio nace producto que hoy contamos con un sistema nacional de educación superior completamente desintegrado y deteriorado en cuanto a su calidad y equidad.

Demandas Nacionales

Las demandas de carácter nacional que integran el petitorio se estructuran en torno a los ejes de democratización y financiamiento:

La democratización, se aboca primeramente a ver el tema de la democratización institucional; asegurando el derecho de participación de estudiantes, funcionarios y académicos y su libre asociación.

La Democratización del acceso; que rechaza a la PSU como único instrumento de acceso a la Educación Superior y se propone la creación de mecanismos complementarios de acceso. Asimismo, se insta a discutir y elaborar de forma transparente y participativa un nuevo sistema de acceso que permita mayor integración social.

Y por último la formación docente que plantea eliminar la prueba INICIA, y la rediscusión de mallas de carreras docentes.

En cuanto al financiamiento, se propone el aumento del aporte del Estado en el financiamiento de la Educación Pública. En este punto se plantea el aumento del porcentaje del Producto Interno Bruto del País referido al gasto público destinado a Educación. Igualmente, se exige el aumento de los aportes Basales de Libre Disposición que cubran los costos reales de las instituciones estatales: PDI, funcionamiento, remuneraciones, entre otros y por último la modificación de los criterios actuales de distribución del Aporte Fiscal Directo (AFD), en pos de aumentar el financiamiento a las universidades tradicionales.

Asimismo, se exige la creación de un Fondo de Revitalización de la Educación Pública que se distribuya por una única vez a las universidades del CRUCH, con el fin de solventar la situación de precariedad y crisis financiera en el que se encuentran. Este fondo consideraría criterios de propiedad, región y composición socioeconómica.

Otro de los puntos del financiamiento tiene que ver con la Universidades con Rol Público donde se pide identificar y reconocer universidades con rol público, en contraposición a las que poseen proyectos ideológicos y/ o negocios, un claro ejemplo de esto son las universidades privadas que integran el CRUCH.

En cuanto al financiamiento Estudiantil: el petitorio exige la reestructuración del sistema de becas, ayudas estudiantiles y créditos. Acá la principal demanda es subsidiar el déficit del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y ampliar su cobertura para todos los estudiantes del CRUCh, en desmedro del Crédito con Aval del Estado. Igualmente se pretende ampliar la Beca Bicentenario para cubrir el arancel real de las carreras para los dos primeros quintiles.

Con respecto a las Becas de Mantención de la JUNAEB, la CONFECH pide el aumento de la cobertura al tercer y cuarto quintil, reajustándose año a año y el establecimiento de asignación de becas y ayudas en base a criterios socioeconómicos y académicos y no de excelencia académica. Exigiendo que se norme la Beca Vocación de Profesor en conjunto con los estudiantes y docentes.

Por último, se demandó la entrega inmediata de la TNE a quienes no se les haya entregado aún, recompensándolos por el retraso mediante una recarga o subsidio.

Todos los planteamientos anteriores nacen del compromiso que tiene la CONFECh en la profundización democrática del proyecto de desarrollo al servicio de la persona, del bien común y del país, en donde la educación juega un rol fundamental.

Próximas movilizaciones

El calendario único de movilizaciones que se elaboró durante la sesión de la CONFECH, determinó respaldar la marcha de mañana jueves 21 de abril de las universidades privadas. También hizo un llamado al estudiantado a participar y adherirse a la movilización nacional del jueves 28 de abril, donde se instalarán las demandas que son parte del petitorio expuesto anteriormente. Finalmente, se fijó la Marcha Nacional en Recuperación de la Educación Pública, la cual se realizará el jueves 12 de mayo. Ésta última tendrá como objetivo apelar al Presidente respecto a los derechos sociales en general y principalmente el derecho a la Educación.

Sideseas ver todo el petitorio de la CONFECH y el calendario de movilizaciones, ver la Sintesis Confech

Extraido de FECH

Sepa que dice de Chile el Informe Anual sobre Libertad de Expresión de La Comisión Interamericana de DD HH

A continuación transcribimos la evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en Chile, capítulo II, página 60:

CHILE

La Relatoría Especial reconoce los importantes avances alcanzados por el Consejo para la Transparencia en Chile, en materia del derecho de acceso a la información. El presente año, el Consejo cumplió un año de funcionamiento y el balance de su gestión reporta importantes logros que serán reseñados en detalle en otro capítulo de este informe.

La Relatoría Especial también destaca la aprobación de la Ley 20.453, que “consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet”. Esta ley, publicada el 26 de agosto de 2010, establece que los proveedores de acceso al Internet: “No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet según el contrato vigente con los usuarios”.

En materia de desafíos, la Relatoría recibió información según la cual, el documentalista Jaime Díaz Lavanchy habría sido agredido verbalmente por Pedro Sabat, alcalde de la comuna de Ñuñoa, provincia de Santiago, el 5 de mayo de 2010, mientras que algunos de sus guardias de seguridad y colaboradores lo habrían golpeado y dañado accesorios de su equipo de trabajo. La información recibida indica que Díaz Lavanchy había preguntado a Sabat sobre la falta de atención a los damnificados del sismo.

Según la información recibida, el 10 de febrero de 2010, Richard Curinao, comunicador social del Pueblo Mapuche, habría sido detenido por agentes policiales en su lugar de trabajo. Según denunció el periodista, los agentes requisaron su disco duro y lo trasladaron por la fuerza a su domicilio, donde requisaron también el disco duro de su computadora particular y diversos accesorios empleados en las funciones comunicacionales. Según la información recibida, Richard Curinao cumple labores como editor del informativo Werken Kvrruf, integra el Programa Radial Wixage Anai, es miembro de la Red de Comunicadores Mapuche y colaborador de diversos sitios informativos.

El 13 de mayo de 2010, el comunicador, poeta, cantante y fotógrafo Alejandro Stuart habría sido detenido. Según la información recibida, la detención habría ocurrido después del allanamiento de la casa de Stuart por parte de agentes de la fuerza pública chilena. La información recibida indica que el día antes del allanamiento y detención Stuart fotografió una marcha del pueblo indígena Mapuche en Temuco.

El principio 2 señala: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

El 9 de noviembre fueron cerradas las radios comunitarias Radio Felicidad, Tentación y Radio 24, en la comuna de Paine. Según la información recibida, integrantes de la Brigada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones confiscaron los equipos de Tentación y Radio 24, en el marco de un proceso penal en contra de integrantes de las radios. La información recibida indica además que cinco personas fueran detenidas, incluyendo a los directores de Tentación y Radio 24. Según la información recibida, la denuncia que dio lugar al proceso penal fue iniciada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en respuesta al reclamo de una radio comercial de la zona.

La Relatoría recuerda que toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido que no exista una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria.

El 4 de mayo de 2010 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana. Esta legislación reconoce la radiodifusión comunitaria y establece que las emisoras comunitarias tendrán una potencia de transmisión mínima de 1 watt y máxima de 25 watts, con una antena de altura máxima de 18 metros. Excepcionalmente pueden tener una potencia máxima de 40 watts para localidades fronterizas o apartadas, rurales o de población dispersa. Según la legislación, pueden instalar una radio comunitaria las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que tengan entre sus fines esenciales la promoción del interés general, mediante la prosecución de objetivos específicos de carácter cívico, social, cultural o espiritual, que estén constituidas en Chile y tengan domicilio en el país, como por ejemplo las juntas de vecinos, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, las comunidades y asociaciones indígenas, entre otras. Las concesiones se otorgarán en un segmento especial del espectro FM, tanto para señales analógicas como digitales. La concesión dura 10 años y la concesionaria tendrá preferencia para su renovación.

La Relatoría reconoce el avance que significa la emisión de una ley que explícitamente reconoce la radiodifusión comunitaria, la cual responde al llamado reiterado de la Relatoría a los Estados de legislar en materia de radiodifusión comunitaria. Asimismo, la Relatoría observa con satisfacción el propósito de proteger la radiodifusión comunitaria y la radiodifusión privada comercial, de otras formas de radiodifusión que no responden a los intereses y a la gestión comunitaria, y que representan una competencia desleal para toda la radiodifusión privada. La Relatoría observa no obstante que la Ley 20.433 establece una serie de limitaciones para las radios comunitarias—con relación, por ejemplo, a la potencia, el financiamiento, y la posibilidad de transmitir en cadena—que no aplican a las radios comerciales. La Relatoría recuerda que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su operación. Son discriminatorias, por ejemplo, las limitaciones que pueden estar previstas en la legislación, o que se imponen en la práctica, que establecen para cierto tipo de medios restricciones en cuanto a contenidos, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento, sin un argumento suficiente, objetivo y razonable, que persiga una finalidad legítima ajustada a la Convención Americana. Así, por ejemplo, si bien es cierto que muchas comunidades objeto de protección, se encuentran ubicadas en algunos municipios o localidades bien determinados, otras sin embargo podrían tener presencia nacional. En estos casos, no parecería existir ninguna razón para impedir que la radio comunitaria respectiva pudiera tener cobertura nacional.

El principio 12 señala que: “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”. Por esta razón, la Relatoría Especial, desde sus inicios, ha solicitado a los Estados el reconocimiento, en condiciones de equidad, de todas las formas de radiodifusión y el establecimiento de una legislación razonable y no discriminatoria.

El 27 de septiembre de 2010 fue publicado el Decreto No. 264 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Este Decreto “fija normas complementarias al Decreto No. 136 del 14 de septiembre de 2009”. En particular, extiende los “permisos para efectuar transmisiones demostrativas del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción con tecnología digital” por un periodo de hasta cinco años. Según la información recibida, un grupo de diputados presentó el 6 de noviembre un requerimiento de inconstitucionalidad para anular la validez del Decreto No. 264, requerimiento que fue acogido a trámite por el Tribunal Constitucional chileno.

La Relatoría recuerda que la transformación tecnológica en la radiodifusión debería tener como meta asegurar que el nuevo dividendo digital haga un uso óptimo del espectro para asegurar la mayor pluralidad y diversidad posible. Para ello, los Estados deberían establecer mecanismos legales específicos para llevar adelante la transición a los servicios de radiodifusión digitales. Esta regulación debería contemplar un programa de migración que tenga en cuenta las necesidades y capacidades de los distintos actores involucrados en este proceso, así como el nivel de aplicación de las nuevas tecnologías. En particular, los Estados deberían evaluar las posibilidades de emisión derivadas del uso del dividendo digital, considerando este cambio tecnológico como una oportunidad para incrementar la diversidad de voces y habilitar el acceso de nuevos sectores de la población a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, los Estados deberían adoptar medidas para evitar que el costo de la transición analógica a la digital limite la capacidad de los medios de comunicación en función de los costos económicos.

Mas Información en el Informe Completo

El polémico Acuerdo Legal que Firmó en 2007 el Asesor Clave del Caso Kodama

por Pedro Ramírez

De no haber sido por su rol en el pago de $17 mil millones por parte del Serviu a Kodama, nadie habría reparado en que hace sólo cuatro años el abogado Álvaro Baeza fue el actor principal de otro cuestionado acuerdo legal. Asesoró a los canteros de Colina para evitar que les arrebataran sus pertenencias mineras en Chicureo. Un acuerdo negociado por él, terminó con los artesanos perdiendo su patrimonio y sin recibir un peso; permitió a las inmobiliarias construir sus condominios y Baeza obtuvo $800 millones y se quedó con el negocio de las canteras.

El abogado Álvaro Baeza es uno de los protagonistas clave del cuestionado pago por $17 mil millones que hizo el Ministerio de Vivienda a la empresa constructora Kodama. Un pago detenido mientras dura la investigación de la Contraloría, a la que ahora se sumó otra indagatoria del Ministerio Público. Así se desprende de la entrevista que le concedió a CIPER el director del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart, quien aseguró que la cancelación de esa cifra fue fruto de una negociación que partió en agosto del año pasado y que en ella siempre participó, en representación de la ministra de la Vivienda Magdalena Matte, el abogado Baeza Guiñez.

Por lo mismo, Llompart asegura que la ministra debió estar al tanto de los detalles del conflicto con Kodama y que probablemente por esa razón firmó sin expresar inconveniente alguno el decreto Nº 8 de este año, en que ordenó el pago, equivalente a unos US$ 34 millones.

Magdalena Matte, en entrevista concedida a El Mostrador el miércoles 6, confirmó que Baeza era de su entera confianza, pues el abogado trabajaba para su empresa privada (Dimar) y ella le pidió que la asesorara en el ministerio. Y una de las tareas que le encomendó fue hacerse cargo del problema con Kodama.

Llompart aseguró a CIPER que Baeza se integró al equipo que analizó las reclamaciones de Kodama. La empresa había construido el corredor del Transantiago de Pedro Aguirre Cerda, contrato que se adjudicó por licitación en 2006. Los trabajos debían durar 300 días y Kodama cobraría cerca de $25.567 millones. No obstante, la obra se extendió por más de mil días, según Llompart, por mala administración del Serviu, entidad que no entregó a tiempo terrenos que se debían expropiar. A ello se agregó que el puente de ferrocarril que incluía la obra debió diseñarse de nuevo, sobre la marcha, porque la Empresa de Ferrocarriles del Estado rechazó el proyecto original. Kodama exigió el pagó por mayores gastos generales, debido al extenso retraso, y cifró su reclamación en $ 17.000 millones, basada en un informe que solicitó al Dictuc de la Universidad Católica.

El informe del Dictuc, dice Llompart, fue conocido por Baeza. Al mismo tiempo, el director del Serviu encargó un informe al subdirector de Pavimentación y Obras Viales del Serviu, Franz Greve, y al subdirector jurídico del mismo servicio, Rafael Marambio. El cálculo de ambos, dice Llompart, se aproximó a los mismos $17.000 millones.

En diciembre, Kodama interpuso una demanda contra el Serviu exigiendo ahora el pago de $41.000 millones. Serviu la rechazó en todos sus términos. Llompart asegura que se hizo de esa manera porque los abogados del Serviu, encabezados por Marambio, le dijeron que si aceptaba una parte de la demanda, la sentencia podía terminar obligándolos a pagar más de los $17.000 millones. La negociación continuó, dice Llompart, y sus abogados estimaron conveniente firmar el acuerdo extrajudicial que terminó decretando el polémico pago de los $17.000 millones, visado por la ministra Matte.

Hasta aquí, la explicación de Llompart suena atendible. Pero el miércoles 13, el diario La Tercera publicó una información que choca con la versión del director metropolitano del Serviu. Según la nota de La Tercera, el subdirector jurídico del servicio, Rafael Marambio, declaró ante la fiscalía que fue presionado por el asesor de la ministra, Álvaro Baeza, para que firmara el acuerdo con Kodama.

Baeza renunció a su cargo de asesor a honorarios -servicios por los que cobraba $2,5 millones mensuales, según la sección de Transparencia de la web del ministerio- el martes 12 de abril, un día antes de que La Tercera revelara los dichos de Marambio que apuntan en su contra.

Las sociedades de Baeza

Hasta hoy de Álvaro Baeza sólo se sabía, por la revelación de la propia Magdalena Matte, que durante años había sido abogado en la empresa de la ministra. Pero la columna que publicó en CIPER el periodista Nicolás Candel Pozo, abrió una desconocida arista de la carrera del abogado.

En 2007, según el relato de Candel, Baeza también se vio envuelto en una polémica por un acuerdo legal que afecto entonces al patrimonio de un grupo de sencillos trabajadores de las canteras de Colina.

Ese año, la Asociación de Canteros de Colina vio peligrar sus pertenencias mineras en Chicureo, un sector rural en el que habían desarrollado la extracción artesanal de piedras durante décadas y que con la expansión urbana de Santiago se convirtió en uno de los más exclusivos sectores residenciales de Santiago, un trofeo en disputa para poderosas empresas inmobiliarias.

Efectivamente, la inmobiliaria La Reserva Limitada entró en conflicto con los artesanos. La Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina requirió en ese momento y con urgencia asistencia legal para preservar sus pertenencias mineras en el subsuelo de 300 hectáreas de Chicureo. Se la ofreció la empresa Canteras Quintay S.A., cuyo único interés aparente en la disputa era adquirir a los canteros la roca molida.

Fue el representante de Canteras Quintay, Sebastián Fernández Riesco, quien presentó al abogado Baeza a los directivos de la asociación gremial. El profesional representó a Canteras Quintay y a los canteros de Colina en el conflicto con Inmobiliaria La Reserva. Y la solución que recomendó a sus defendidos quedó plasmada en un “Acuerdo Marco” firmado por todas las partes el 15 de mayo de 2007. El acuerdo terminó despojando a los canteros de 210 de las 300 hectáreas que tenían. Las cedieron, mediante ese escrito, a Inmobiliaria La Reserva, que pagó 40 mil UF ($800 millones). Los canteros no vieron ese dinero, porque La Reserva lo entregó directamente a Baeza, como “contraprestación” por su asesoría a los trabajadores.

Lo que los canteros no sabían, era que el abogado Baeza Guíñez, al momento de asumir su representación, ya era socio de Sebastián Fernández Riesco en Canteras Quintay y tenía interés económico en el negocio que se estaba gestando.

En efecto, el 11 de octubre de 2006, siete meses antes de que se firmara el “Acuerdo Marco”, Baeza Guiñez y Fernandez Riesco,, formaron la sociedad Canteras Santiago Limitada. Baeza la integró en representación de Inmobiliaria, Asesoría e Inversiones Los Pellines Limitada, de la que era socio junto a Catalina Valdés Tocornal, y que opera bajo el nombre de fantasía Inversiones Los Pellines Limitada. Una sociedad que se formó en 1997 con un capital de un millón de pesos.

El 10 de mayo de 2007, cinco días antes de que se firmara el “Acuerdo Marco”, la sociedad Canteras Santiago Limitada cambio su razón social transformándose en una sociedad anónima cerrada denominada Canteras Quintay S.A. Baeza siguió integrando esa sociedad.

Un reportaje del programa de TV "En Boca de Todos", de Canal 13, emitido en diciembre de 2007 reveló que la extracción de piedras en la zona que explotaban artesanalmente los canteros, ahora estaba en manos de Canteras Quintay. Lo que nadie supo en ese momento era que esa sociedad pertenecía a Baeza y Fernández Riesco. La versión del espacio televisivo indica que durante 20 años los canteros sostuvieron un litigio con la Inmobiliaria Harseim, propietaria del condominio La Reserva: “El conflicto fue ganado en dos instancias por los mineros, pero al llegar a la Suprema quedaron sin abogados y ahí entra Áridos Quintay proponiéndoles asesoría legal a cambio del retiro de los desmontes de las canteras”.

El reportaje continúa indicando que los canteros ganaron en la Corte Suprema, que reconoció sus derechos mineros, pero debían obtener permiso de la inmobiliaria para acceder a los cerros, por lo que se vieron obligados a firmar un acuerdo: “Según el documento, los canteros deberán arrendar durante 50 años el cerro a Canteras Quintay para que retire y haga suyos todos los minerales que ahí encuentren. Además, el abogado de Áridos Quintay se queda con la indemnización por 40 mil UF que Harseim otorga a los canteros”, remata la nota periodística.

El 23 septiembre de 2009, Inversiones Los Pellines tuvo una nueva transformación societaria. Ingresó a ella Inversiones Georgett S.A., pero Álvaro Baeza mantuvo bajo su exclusivo control la administración y representación legal.

Extraido de CIPER