Por Roberto Valencia
El aumento en el precio del gas para los habitantes de la región de Magallanes encierra una serie de hechos encubiertos y que deberían salir a flote. Lo primero es reconocer la configuración en las funciones del Estado chileno en los últimos treinta y siete años, en lo que se refiere en la privatización de lo público y la consiguiente mercantilización de su gestión.
Esta última se caracteriza por el traspaso del servicio público a la lógica del costo-beneficio, tal como ha quedado plasmado en las explicaciones técnicas dadas por el ministro de Minería, Laurence Goldborne. Si se cambia el swicht de “población” por el de “mercado objetivo”, de clientes o usuarios, nos encontramos con las resistencias que vemos estos días en la zona austral. Lamentablemente, las personas que viven en Magallanes en su mayoría no son exportadores para recurrir al clientelismo con la administración macroeconómica del Estado.
La decisión del gobierno pone un manto de tierra sobre la idea de la Gestión Territorial Integral desarrollada a partir del año 2004, cuyo objetivo era articular una oferta coherente y única de bienes, productos y servicios públicos, toda vez que el incremento que supone el alza de las tarifas se convierte en un factor distorsionador de la frágil economía de la zona que ahora verá un encarecimiento de la cadena económica, el cual no promete ser neutralizado por un “mayor subsidio a los sectores más vulnerables”, como -nuevamente- promete el actual gobierno.
No obstante la sólida plataforma de fiscalización ciudadana de las redes sociales 2.0, el gobierno insiste en la estrategia de dosificar la información de lo que ocurre en la zona austral, apostando a que la lejanía del problema terminará por dejarlo en el olvido. Vemos cómo la lógica de la centralización también es un instrumento de manipulación para la "marketización" del rol público.
El anuncio de otorgar seis mil subsidios a los sectores más desprotegidos no es suficiente, si se toma en cuenta que el aumento en la tarifa puede llegar al 55,8% para el sector comercial y productivo de la zona, debido a que superan el límite de mil metros cúbicos que contempla el alza.
El hecho de que las autoridades tomen esta decisión de modo unilateral, sin considerar instancias de negociaciones anteriores con la ciudadanía afectada por los cambios, es otro ingrediente de las mutaciones de este proceso de desestatización de la sociedad, que supone pasar del sistema de amortizadores sociales (Estado de bienestar) a la denominada “sociedad del emprendimiento”.
Tal transición no deja de ser altamente riesgosa, pues el paso de capacidades públicas a capacidades privadas para la construcción del bienestar no considera el egoismo innato que anima al interés particular, como bien lo afirma Adam Smith. Y es que, con la lamentable decisión del Estado de no privilegiar el consumo colectivo de gas que realizan los habitantes de Magallanes, se abre la puerta para un eventual paleamiento de la situación desde la lógica de la oferta privada que, sin los debidos resguardos públicos, podría crear un escenario de continuas alzas tarifarias, como ha sucedido en otros servicios públicos a lo largo del país.
Aquí es necesario que el Estado, a través de Enap, aumente el precio del gas que le vende a la canadiense Methanex, desde los 2,5 dólares actuales al promedio del mercado que es de 4,5 dólares. Pero se opta por aumentar la tarifa al consumo residencial, privilegiando la exportación del producto que realiza la empresa.
El giro en la gestión pública de Enap está demostrando la profundización de una lógica mercantil en el consumo con el argumento de subir el precio del servicio para hacer más atractivas las inversiones. A ello se suma la creciente disminución del consumo residencial a costa del consumo de la empresa canadiense Methanex, lo cual pone en evidencia la desterritorialización de las funciones del Estado para entregar bienes públicos a favor de las grandes empresas.
Sociológicamente, las poblaciones de la zona austral se identifican en un espacio-tiempo diferente al que viven las poblaciones del centro del país, su vida social transcurre de modo distinto al de las otras regiones. Ello no se debe confundir con los cerrados intereses corporativistas que buscan otros estamentos de la sociedad. No se trata de una fiesta como ignorantemente ha señalado el ministro de Energía, sino del acceso de bienes y servicios públicos en territorios con particulares condiciones de existencia productiva y social.
Extraido de La Administración Panóptica
Que pena por nuestra gente de Magallanes, ellos y nosotros, los ciudadanos del resto del país, porque seremos testigos de la muerte del estado, eso pasa cuando se gobierna con el pecho frío, el país no es una empresa y en él vivimos personas, no simples números.
ResponderEliminarGracias por tu opinion, lo de gobernar como una empresa puede ser lo que esta pasando con el grupo Piñera, El jefe recien llego, se presento a sus empleados y prometio muchas cosas, luego (si es que no se ha manisfestado aún) veremos su verdadera cara.
ResponderEliminarSaludos