por Ismael Puga (El Mostrador)
La idea de que la protesta es una actividad dañina e inconducente tiene mucho arraigo en nuestro país. Cualquiera con el ingrato hábito de leer los comentarios de cualquier portal de noticias lo habrá notado. En ese contexto, la llamada ley Hinzpeter cuenta con un grado de rechazo que, si bien es muy importante, sigue sorprendiendo por lo relativamente escaso. En cualquier país con un mínimo de aprecio por su condición democrática, este proyecto debiera constituir un escándalo mayor.
Bertolt Brecht expresó alguna vez que no hay peor idiota que el idiota político. A diferencia de otros, escribió el dramaturgo, el idiota político hincha el pecho y se enorgullece de su idiotez. Algo similar ocurre con quienes creen que criminalizar la protesta es algo que afectará solamente a quienes tienen esa extraña y molesta costumbre de salir a la calle a reclamar. Ellos en cambio, gente tranquila y de buenas maneras, podrán vivir por fin con la calma que merecen. Ya no verán, después de cenar, más escenas de enfrentamientos por la televisión.
Nada más lejos de la realidad.
La protesta, en un sistema político formalmente democrático como el nuestro, no tiene solamente efecto cuando se produce. La posibilidad cierta de la protesta, el hecho de que ésta se encuentre dentro de los márgenes de la acción política posible y legítima, es de por sí un elemento central para el control de la acción de los representantes, de “los políticos”, le gusta decir a algunos.
Nada más lejos de la realidad.
La protesta, en un sistema político formalmente democrático como el nuestro, no tiene solamente efecto cuando se produce. La posibilidad cierta de la protesta, el hecho de que ésta se encuentre dentro de los márgenes de la acción política posible y legítima, es de por sí un elemento central para el control de la acción de los representantes, de “los políticos”, le gusta decir a algunos.
