por Cynthia Rimsky (Blog de Terra)
Quizás
peco de obsesiva, pero he estado preguntándome qué oculta la nueva ley
de alcoholes. Me cuesta aceptar que al gobierno lo anima una honda
preocupación por la vida de los ciudadanos que gobierna. De ser así su
preocupación primera tendrían que ser los estafados por la colusión de
los monopolios, léase AFP, Isapres, productores de pollos, de
medicamentos; etnias indígenas a los que las empresas forestales
arrebataron sus tierras, víctimas de la represión en Punta Arenas,
estudiantes discriminados y endeudados, comunidades afectadas por malls
construidos indiscriminadamente, trabajadores con estrés por
incumplimiento de normativas laborales, damnificados por las
constructoras a causa del terremoto… El número de afectados por el
modelo económico es mucho más alto que el de los fallecidos por manejar
en estado de ebriedad. Y el gobierno está lejos de dictar una ley que
prohíba desigualdades e injusticias.
¿Por
qué entonces dictó esta ley de tolerancia cero? Los propietarios de
locales nocturnos aseguran que la ley va a terminar con el negocio. Eso
significará cesantía y disminución de la actividad económica, dos
aspectos contra los cuales este gobierno dice batallar por sobre todos
los demás. Los empresarios deben estar equivocados, sangran por la
herida, son alarmistas. El gobierno no busca con esta ley
anular la vida nocturna, sino que los bebedores se abstengan de
conducir. Si está en lo cierto, en cada grupo tendría que haber un
abstemio que repartiera a los demás. Este ser debiera reunir tres
cualidades; no beber, tener automóvil y estar dispuesto a pasar al menos
una hora conduciendo de casa en casa. Si no tuviese auto, alguien
podría facilitarle uno, entonces tendría que ir a dejarlo al día
siguiente o el dueño del auto pasar a recogerlo. Si el grupo decidiera
contratar un servicio de recogida, el costo de una salida nocturna, que
muchas veces considera una baby sitter, se incrementaría al menos en un
30 por ciento, y ese 30 por ciento no volverá a salir de noche.