CONFECH: Estudiantes de Universidades Tradicionales y Privadas preparan dos Paros Nacionales

por Lorena Cruzat y FECH 

Dos importantes paros nacionales esperan llevar a cabo los integrantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) junto a universidades privadas, según lo acordado en la reunión que sostuvieron el fin de semana, en que priorizaron las peticiones que harán al Gobierno.

El sábado y domingo participaron también federaciones de universidades privadas, como la Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Central y Diego Portales, para generar un discurso único que les otorgue mayor peso en sus peticiones.

La primera gran convocatoria será el jueves 28 de abril, protagonizada por las universidades privadas, en que la Confech estará apoyando la movilización. La segunda quedó agendada para el 12 de mayo, con el objetivo de conseguir una respuesta por parte del Presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública.

Sobre el pliego de demandas, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, señaló que el objetivo es “instalar a nivel de la opinión pública nuestras demandas. Y también nuestros principios para una reforma: terminar con el lucro en la educación y el endeudamiento de las familias, garantizar la autonomía de las instituciones, las instancias democráticas de participación, el pluralismo y la calidad, entendida como la que concibe la formación del profesional en cuanto a su integralidad, la formación cívica”.

Extraido de radio.uchile.cl

Petitorio CONFECH: Principios para una reforma a la Educación Superior

Luego de la última sesión de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, celebrada durante el fin de semana pasado, fue elaborado un calendario único de movilizaciones y un petitorio único nacional para este año.

Esto tras la larga crisis que afecta al sistema educativo de nuestro país, en donde el derecho básico a la educación no se encuentra garantizado constitucionalmente y las familias deben verse constantemente endeudadas. En esta oportunidad, también se vieron integradas universidades privadas como la Diego Portales, Academia de Humanismo Cristiano, la ARCIS y la Universidad Central.

Garantizar la educación como un derecho social universal, que sea de calidad e independiente de los grupos de poder, son alguno de los principios que sustentan las demandas del CONFECH; además de poner fin al lucro y al endeudamiento, y una educación pública pluralista y laica. El petitorio nace producto que hoy contamos con un sistema nacional de educación superior completamente desintegrado y deteriorado en cuanto a su calidad y equidad.

Demandas Nacionales

Las demandas de carácter nacional que integran el petitorio se estructuran en torno a los ejes de democratización y financiamiento:

La democratización, se aboca primeramente a ver el tema de la democratización institucional; asegurando el derecho de participación de estudiantes, funcionarios y académicos y su libre asociación.

La Democratización del acceso; que rechaza a la PSU como único instrumento de acceso a la Educación Superior y se propone la creación de mecanismos complementarios de acceso. Asimismo, se insta a discutir y elaborar de forma transparente y participativa un nuevo sistema de acceso que permita mayor integración social.

Y por último la formación docente que plantea eliminar la prueba INICIA, y la rediscusión de mallas de carreras docentes.

En cuanto al financiamiento, se propone el aumento del aporte del Estado en el financiamiento de la Educación Pública. En este punto se plantea el aumento del porcentaje del Producto Interno Bruto del País referido al gasto público destinado a Educación. Igualmente, se exige el aumento de los aportes Basales de Libre Disposición que cubran los costos reales de las instituciones estatales: PDI, funcionamiento, remuneraciones, entre otros y por último la modificación de los criterios actuales de distribución del Aporte Fiscal Directo (AFD), en pos de aumentar el financiamiento a las universidades tradicionales.

Asimismo, se exige la creación de un Fondo de Revitalización de la Educación Pública que se distribuya por una única vez a las universidades del CRUCH, con el fin de solventar la situación de precariedad y crisis financiera en el que se encuentran. Este fondo consideraría criterios de propiedad, región y composición socioeconómica.

Otro de los puntos del financiamiento tiene que ver con la Universidades con Rol Público donde se pide identificar y reconocer universidades con rol público, en contraposición a las que poseen proyectos ideológicos y/ o negocios, un claro ejemplo de esto son las universidades privadas que integran el CRUCH.

En cuanto al financiamiento Estudiantil: el petitorio exige la reestructuración del sistema de becas, ayudas estudiantiles y créditos. Acá la principal demanda es subsidiar el déficit del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y ampliar su cobertura para todos los estudiantes del CRUCh, en desmedro del Crédito con Aval del Estado. Igualmente se pretende ampliar la Beca Bicentenario para cubrir el arancel real de las carreras para los dos primeros quintiles.

Con respecto a las Becas de Mantención de la JUNAEB, la CONFECH pide el aumento de la cobertura al tercer y cuarto quintil, reajustándose año a año y el establecimiento de asignación de becas y ayudas en base a criterios socioeconómicos y académicos y no de excelencia académica. Exigiendo que se norme la Beca Vocación de Profesor en conjunto con los estudiantes y docentes.

Por último, se demandó la entrega inmediata de la TNE a quienes no se les haya entregado aún, recompensándolos por el retraso mediante una recarga o subsidio.

Todos los planteamientos anteriores nacen del compromiso que tiene la CONFECh en la profundización democrática del proyecto de desarrollo al servicio de la persona, del bien común y del país, en donde la educación juega un rol fundamental.

Próximas movilizaciones

El calendario único de movilizaciones que se elaboró durante la sesión de la CONFECH, determinó respaldar la marcha de mañana jueves 21 de abril de las universidades privadas. También hizo un llamado al estudiantado a participar y adherirse a la movilización nacional del jueves 28 de abril, donde se instalarán las demandas que son parte del petitorio expuesto anteriormente. Finalmente, se fijó la Marcha Nacional en Recuperación de la Educación Pública, la cual se realizará el jueves 12 de mayo. Ésta última tendrá como objetivo apelar al Presidente respecto a los derechos sociales en general y principalmente el derecho a la Educación.

Sideseas ver todo el petitorio de la CONFECH y el calendario de movilizaciones, ver la Sintesis Confech

Extraido de FECH

Sepa que dice de Chile el Informe Anual sobre Libertad de Expresión de La Comisión Interamericana de DD HH

A continuación transcribimos la evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en Chile, capítulo II, página 60:

CHILE

La Relatoría Especial reconoce los importantes avances alcanzados por el Consejo para la Transparencia en Chile, en materia del derecho de acceso a la información. El presente año, el Consejo cumplió un año de funcionamiento y el balance de su gestión reporta importantes logros que serán reseñados en detalle en otro capítulo de este informe.

La Relatoría Especial también destaca la aprobación de la Ley 20.453, que “consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet”. Esta ley, publicada el 26 de agosto de 2010, establece que los proveedores de acceso al Internet: “No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet según el contrato vigente con los usuarios”.

En materia de desafíos, la Relatoría recibió información según la cual, el documentalista Jaime Díaz Lavanchy habría sido agredido verbalmente por Pedro Sabat, alcalde de la comuna de Ñuñoa, provincia de Santiago, el 5 de mayo de 2010, mientras que algunos de sus guardias de seguridad y colaboradores lo habrían golpeado y dañado accesorios de su equipo de trabajo. La información recibida indica que Díaz Lavanchy había preguntado a Sabat sobre la falta de atención a los damnificados del sismo.

Según la información recibida, el 10 de febrero de 2010, Richard Curinao, comunicador social del Pueblo Mapuche, habría sido detenido por agentes policiales en su lugar de trabajo. Según denunció el periodista, los agentes requisaron su disco duro y lo trasladaron por la fuerza a su domicilio, donde requisaron también el disco duro de su computadora particular y diversos accesorios empleados en las funciones comunicacionales. Según la información recibida, Richard Curinao cumple labores como editor del informativo Werken Kvrruf, integra el Programa Radial Wixage Anai, es miembro de la Red de Comunicadores Mapuche y colaborador de diversos sitios informativos.

El 13 de mayo de 2010, el comunicador, poeta, cantante y fotógrafo Alejandro Stuart habría sido detenido. Según la información recibida, la detención habría ocurrido después del allanamiento de la casa de Stuart por parte de agentes de la fuerza pública chilena. La información recibida indica que el día antes del allanamiento y detención Stuart fotografió una marcha del pueblo indígena Mapuche en Temuco.

El principio 2 señala: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

El 9 de noviembre fueron cerradas las radios comunitarias Radio Felicidad, Tentación y Radio 24, en la comuna de Paine. Según la información recibida, integrantes de la Brigada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones confiscaron los equipos de Tentación y Radio 24, en el marco de un proceso penal en contra de integrantes de las radios. La información recibida indica además que cinco personas fueran detenidas, incluyendo a los directores de Tentación y Radio 24. Según la información recibida, la denuncia que dio lugar al proceso penal fue iniciada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en respuesta al reclamo de una radio comercial de la zona.

La Relatoría recuerda que toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido que no exista una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria.

El 4 de mayo de 2010 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana. Esta legislación reconoce la radiodifusión comunitaria y establece que las emisoras comunitarias tendrán una potencia de transmisión mínima de 1 watt y máxima de 25 watts, con una antena de altura máxima de 18 metros. Excepcionalmente pueden tener una potencia máxima de 40 watts para localidades fronterizas o apartadas, rurales o de población dispersa. Según la legislación, pueden instalar una radio comunitaria las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que tengan entre sus fines esenciales la promoción del interés general, mediante la prosecución de objetivos específicos de carácter cívico, social, cultural o espiritual, que estén constituidas en Chile y tengan domicilio en el país, como por ejemplo las juntas de vecinos, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, las comunidades y asociaciones indígenas, entre otras. Las concesiones se otorgarán en un segmento especial del espectro FM, tanto para señales analógicas como digitales. La concesión dura 10 años y la concesionaria tendrá preferencia para su renovación.

La Relatoría reconoce el avance que significa la emisión de una ley que explícitamente reconoce la radiodifusión comunitaria, la cual responde al llamado reiterado de la Relatoría a los Estados de legislar en materia de radiodifusión comunitaria. Asimismo, la Relatoría observa con satisfacción el propósito de proteger la radiodifusión comunitaria y la radiodifusión privada comercial, de otras formas de radiodifusión que no responden a los intereses y a la gestión comunitaria, y que representan una competencia desleal para toda la radiodifusión privada. La Relatoría observa no obstante que la Ley 20.433 establece una serie de limitaciones para las radios comunitarias—con relación, por ejemplo, a la potencia, el financiamiento, y la posibilidad de transmitir en cadena—que no aplican a las radios comerciales. La Relatoría recuerda que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su operación. Son discriminatorias, por ejemplo, las limitaciones que pueden estar previstas en la legislación, o que se imponen en la práctica, que establecen para cierto tipo de medios restricciones en cuanto a contenidos, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento, sin un argumento suficiente, objetivo y razonable, que persiga una finalidad legítima ajustada a la Convención Americana. Así, por ejemplo, si bien es cierto que muchas comunidades objeto de protección, se encuentran ubicadas en algunos municipios o localidades bien determinados, otras sin embargo podrían tener presencia nacional. En estos casos, no parecería existir ninguna razón para impedir que la radio comunitaria respectiva pudiera tener cobertura nacional.

El principio 12 señala que: “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”. Por esta razón, la Relatoría Especial, desde sus inicios, ha solicitado a los Estados el reconocimiento, en condiciones de equidad, de todas las formas de radiodifusión y el establecimiento de una legislación razonable y no discriminatoria.

El 27 de septiembre de 2010 fue publicado el Decreto No. 264 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Este Decreto “fija normas complementarias al Decreto No. 136 del 14 de septiembre de 2009”. En particular, extiende los “permisos para efectuar transmisiones demostrativas del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción con tecnología digital” por un periodo de hasta cinco años. Según la información recibida, un grupo de diputados presentó el 6 de noviembre un requerimiento de inconstitucionalidad para anular la validez del Decreto No. 264, requerimiento que fue acogido a trámite por el Tribunal Constitucional chileno.

La Relatoría recuerda que la transformación tecnológica en la radiodifusión debería tener como meta asegurar que el nuevo dividendo digital haga un uso óptimo del espectro para asegurar la mayor pluralidad y diversidad posible. Para ello, los Estados deberían establecer mecanismos legales específicos para llevar adelante la transición a los servicios de radiodifusión digitales. Esta regulación debería contemplar un programa de migración que tenga en cuenta las necesidades y capacidades de los distintos actores involucrados en este proceso, así como el nivel de aplicación de las nuevas tecnologías. En particular, los Estados deberían evaluar las posibilidades de emisión derivadas del uso del dividendo digital, considerando este cambio tecnológico como una oportunidad para incrementar la diversidad de voces y habilitar el acceso de nuevos sectores de la población a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, los Estados deberían adoptar medidas para evitar que el costo de la transición analógica a la digital limite la capacidad de los medios de comunicación en función de los costos económicos.

Mas Información en el Informe Completo

El polémico Acuerdo Legal que Firmó en 2007 el Asesor Clave del Caso Kodama

por Pedro Ramírez

De no haber sido por su rol en el pago de $17 mil millones por parte del Serviu a Kodama, nadie habría reparado en que hace sólo cuatro años el abogado Álvaro Baeza fue el actor principal de otro cuestionado acuerdo legal. Asesoró a los canteros de Colina para evitar que les arrebataran sus pertenencias mineras en Chicureo. Un acuerdo negociado por él, terminó con los artesanos perdiendo su patrimonio y sin recibir un peso; permitió a las inmobiliarias construir sus condominios y Baeza obtuvo $800 millones y se quedó con el negocio de las canteras.

El abogado Álvaro Baeza es uno de los protagonistas clave del cuestionado pago por $17 mil millones que hizo el Ministerio de Vivienda a la empresa constructora Kodama. Un pago detenido mientras dura la investigación de la Contraloría, a la que ahora se sumó otra indagatoria del Ministerio Público. Así se desprende de la entrevista que le concedió a CIPER el director del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart, quien aseguró que la cancelación de esa cifra fue fruto de una negociación que partió en agosto del año pasado y que en ella siempre participó, en representación de la ministra de la Vivienda Magdalena Matte, el abogado Baeza Guiñez.

Por lo mismo, Llompart asegura que la ministra debió estar al tanto de los detalles del conflicto con Kodama y que probablemente por esa razón firmó sin expresar inconveniente alguno el decreto Nº 8 de este año, en que ordenó el pago, equivalente a unos US$ 34 millones.

Magdalena Matte, en entrevista concedida a El Mostrador el miércoles 6, confirmó que Baeza era de su entera confianza, pues el abogado trabajaba para su empresa privada (Dimar) y ella le pidió que la asesorara en el ministerio. Y una de las tareas que le encomendó fue hacerse cargo del problema con Kodama.

Llompart aseguró a CIPER que Baeza se integró al equipo que analizó las reclamaciones de Kodama. La empresa había construido el corredor del Transantiago de Pedro Aguirre Cerda, contrato que se adjudicó por licitación en 2006. Los trabajos debían durar 300 días y Kodama cobraría cerca de $25.567 millones. No obstante, la obra se extendió por más de mil días, según Llompart, por mala administración del Serviu, entidad que no entregó a tiempo terrenos que se debían expropiar. A ello se agregó que el puente de ferrocarril que incluía la obra debió diseñarse de nuevo, sobre la marcha, porque la Empresa de Ferrocarriles del Estado rechazó el proyecto original. Kodama exigió el pagó por mayores gastos generales, debido al extenso retraso, y cifró su reclamación en $ 17.000 millones, basada en un informe que solicitó al Dictuc de la Universidad Católica.

El informe del Dictuc, dice Llompart, fue conocido por Baeza. Al mismo tiempo, el director del Serviu encargó un informe al subdirector de Pavimentación y Obras Viales del Serviu, Franz Greve, y al subdirector jurídico del mismo servicio, Rafael Marambio. El cálculo de ambos, dice Llompart, se aproximó a los mismos $17.000 millones.

En diciembre, Kodama interpuso una demanda contra el Serviu exigiendo ahora el pago de $41.000 millones. Serviu la rechazó en todos sus términos. Llompart asegura que se hizo de esa manera porque los abogados del Serviu, encabezados por Marambio, le dijeron que si aceptaba una parte de la demanda, la sentencia podía terminar obligándolos a pagar más de los $17.000 millones. La negociación continuó, dice Llompart, y sus abogados estimaron conveniente firmar el acuerdo extrajudicial que terminó decretando el polémico pago de los $17.000 millones, visado por la ministra Matte.

Hasta aquí, la explicación de Llompart suena atendible. Pero el miércoles 13, el diario La Tercera publicó una información que choca con la versión del director metropolitano del Serviu. Según la nota de La Tercera, el subdirector jurídico del servicio, Rafael Marambio, declaró ante la fiscalía que fue presionado por el asesor de la ministra, Álvaro Baeza, para que firmara el acuerdo con Kodama.

Baeza renunció a su cargo de asesor a honorarios -servicios por los que cobraba $2,5 millones mensuales, según la sección de Transparencia de la web del ministerio- el martes 12 de abril, un día antes de que La Tercera revelara los dichos de Marambio que apuntan en su contra.

Las sociedades de Baeza

Hasta hoy de Álvaro Baeza sólo se sabía, por la revelación de la propia Magdalena Matte, que durante años había sido abogado en la empresa de la ministra. Pero la columna que publicó en CIPER el periodista Nicolás Candel Pozo, abrió una desconocida arista de la carrera del abogado.

En 2007, según el relato de Candel, Baeza también se vio envuelto en una polémica por un acuerdo legal que afecto entonces al patrimonio de un grupo de sencillos trabajadores de las canteras de Colina.

Ese año, la Asociación de Canteros de Colina vio peligrar sus pertenencias mineras en Chicureo, un sector rural en el que habían desarrollado la extracción artesanal de piedras durante décadas y que con la expansión urbana de Santiago se convirtió en uno de los más exclusivos sectores residenciales de Santiago, un trofeo en disputa para poderosas empresas inmobiliarias.

Efectivamente, la inmobiliaria La Reserva Limitada entró en conflicto con los artesanos. La Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina requirió en ese momento y con urgencia asistencia legal para preservar sus pertenencias mineras en el subsuelo de 300 hectáreas de Chicureo. Se la ofreció la empresa Canteras Quintay S.A., cuyo único interés aparente en la disputa era adquirir a los canteros la roca molida.

Fue el representante de Canteras Quintay, Sebastián Fernández Riesco, quien presentó al abogado Baeza a los directivos de la asociación gremial. El profesional representó a Canteras Quintay y a los canteros de Colina en el conflicto con Inmobiliaria La Reserva. Y la solución que recomendó a sus defendidos quedó plasmada en un “Acuerdo Marco” firmado por todas las partes el 15 de mayo de 2007. El acuerdo terminó despojando a los canteros de 210 de las 300 hectáreas que tenían. Las cedieron, mediante ese escrito, a Inmobiliaria La Reserva, que pagó 40 mil UF ($800 millones). Los canteros no vieron ese dinero, porque La Reserva lo entregó directamente a Baeza, como “contraprestación” por su asesoría a los trabajadores.

Lo que los canteros no sabían, era que el abogado Baeza Guíñez, al momento de asumir su representación, ya era socio de Sebastián Fernández Riesco en Canteras Quintay y tenía interés económico en el negocio que se estaba gestando.

En efecto, el 11 de octubre de 2006, siete meses antes de que se firmara el “Acuerdo Marco”, Baeza Guiñez y Fernandez Riesco,, formaron la sociedad Canteras Santiago Limitada. Baeza la integró en representación de Inmobiliaria, Asesoría e Inversiones Los Pellines Limitada, de la que era socio junto a Catalina Valdés Tocornal, y que opera bajo el nombre de fantasía Inversiones Los Pellines Limitada. Una sociedad que se formó en 1997 con un capital de un millón de pesos.

El 10 de mayo de 2007, cinco días antes de que se firmara el “Acuerdo Marco”, la sociedad Canteras Santiago Limitada cambio su razón social transformándose en una sociedad anónima cerrada denominada Canteras Quintay S.A. Baeza siguió integrando esa sociedad.

Un reportaje del programa de TV "En Boca de Todos", de Canal 13, emitido en diciembre de 2007 reveló que la extracción de piedras en la zona que explotaban artesanalmente los canteros, ahora estaba en manos de Canteras Quintay. Lo que nadie supo en ese momento era que esa sociedad pertenecía a Baeza y Fernández Riesco. La versión del espacio televisivo indica que durante 20 años los canteros sostuvieron un litigio con la Inmobiliaria Harseim, propietaria del condominio La Reserva: “El conflicto fue ganado en dos instancias por los mineros, pero al llegar a la Suprema quedaron sin abogados y ahí entra Áridos Quintay proponiéndoles asesoría legal a cambio del retiro de los desmontes de las canteras”.

El reportaje continúa indicando que los canteros ganaron en la Corte Suprema, que reconoció sus derechos mineros, pero debían obtener permiso de la inmobiliaria para acceder a los cerros, por lo que se vieron obligados a firmar un acuerdo: “Según el documento, los canteros deberán arrendar durante 50 años el cerro a Canteras Quintay para que retire y haga suyos todos los minerales que ahí encuentren. Además, el abogado de Áridos Quintay se queda con la indemnización por 40 mil UF que Harseim otorga a los canteros”, remata la nota periodística.

El 23 septiembre de 2009, Inversiones Los Pellines tuvo una nueva transformación societaria. Ingresó a ella Inversiones Georgett S.A., pero Álvaro Baeza mantuvo bajo su exclusivo control la administración y representación legal.

Extraido de CIPER

Hermógenes Pérez de Arce señala que Alejandro Navarro puede ser un Humala en Chile

por CCC

Planteandose la pregunta: ¿Puede haber un Humala en Chile?, Hermógenes Pérez de Arce levanta la candidatura de Alejandro Navarro y plantea claramente que podría ser el próximo Oyanta Humala, a continuación transcribimos integramente lo publicado en su blog el día de ayer:

¿Puede Haber un Humala en Chile?

Humala estaba muy abajo en las encuestas cuando empezó la campaña presidencial en el Perú. Lourdes Flores, Castañeda o Toledo las encabezaban. Pasó el tiempo, avanzó la campaña y Humala comenzó a crecer. Al final encabezó las encuestas y ganó la elección.

Quiero relacionar todo esto con otro dato que se dio al final de la campaña: mientras el gasto electoral de los restantes candidatos rondaba los dos millones de dólares, el de Humala sobrepasaba los siete millones, es decir, era tres veces mayor.

Hay una frase muy famosa de Lincoln que ha sido aterrizada por un comentarista de la actualidad. La frase es: "Se puede engañar a unos pocos todo el tiempo; se puede engañar a todos por poco tiempo; pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". El añadido del comentarista de la actualidad dice: "Se puede engañar a todos todo el tiempo con un presupuesto publicitario suficientemente grande".

Hoy día en Chile el senador Alejandro Navarro está abajo en las encuestas presidenciales. Nadie le presta mucha consideración. Como sucedía con Humala antes y al comienzo de la campaña peruana. ¿Pero qué sucedería si, avanzada la campaña presidencial chilena de 2013 (quedan menos de dos años para que comience) el senador Navarro pudiera gastar tres veces más que cualquier otro candidato?

Pero ¿por qué él podría estar en condiciones de hacerlo? Por la misma razón que Humala estuvo en condiciones de hacerlo. Pues ¿qué tienen en común Humala y el senador Navarro? Una cosa: ambos son amigos de Hugo Chávez.

Ya el senador Navarro obtuvo la primera mayoría en la elección senatorial de la VIII Región, posibilitando el único doblaje senatorial de la Concertación en el país. ¿Se debió eso a su carisma personal, su oratoria, sus ideas o la superioridad de recursos con que contó? No tengo la respuesta, pero la sospecho.

Entonces, termino contestando la pregunta planteada en el título: ¿Puede haber un Humala en Chile? Claro que puede haberlo. Y yo pienso que va a haberlo.

Sólo dentro de dos años, o tal vez un poco más, se podrá saber si estoy o no equivocado.

Agregado por CCC

Educación: El SIMCE se ha Transformado en Principio, Medio y Fin

por Jorge Inzunza H.

 

En Slumdog millonaire (Danny Boyle, 2008) el protagonista Jamal Malik nos hace recorrer una sucesión de recuerdos agridulces en el contexto de su participación en el globalizado concurso ¿Quién quiere ser millonario? La cuestión de fondo es cómo un joven pobre era capaz de reconocer preguntas que no eran fáciles para “su nivel”. A lo largo de la película descubrimos que no eran las enseñanzas escolares la que lo habían conducido a acertar con las respuestas, sino sus experiencias de vida en las calles de la India. Deambulan en mi cabeza algunas imágenes de esta película cuando escribo esta columna sobre el SIMCE.

No quiero hacer una lectura ingenua de los resultados del SIMCE entregados esta semana. Quedarse en la superficie sería contentarse con el aumento de unos puntos en la prueba de lenguaje, con la disminución de la “brecha” entre estratos socioeconómicos, y con el aumento del rendimiento de las escuelas municipales y particular subvencionadas (todo esto en el 4° básico). Sumergirse a un nivel más oscuro, peligroso y sin oxígeno, sería preguntarse qué pasa en el 2° año medio, por qué la brecha aumentó, por qué persiste la brecha de género, y por qué las matemáticas no varían desde hace más de 11 años. 

Quiero pensar este SIMCE desde la óptica de las Ciencias Sociales y Humanas, y desde las Políticas Públicas, esto significa escapar del análisis de la Economía y las Ingenierías que han tendido a monopolizar el debate. 

Una primera discusión es sí la numerología anual que entrega el SIMCE nos dice algo de las escuelas o no. Y aquí podríamos responder lo que decimos cuándo se responde que los test de inteligencia miden… lo que miden los test de inteligencia, es decir, los puntajes SIMCE no dicen más ni menos que lo que miden: el rendimiento en unas habilidades acotadas en unas asignaturas acotadas. Nada nos dicen por lo tanto, de cómo se producen esos puntajes, cómo son las escuelas, cómo son los alumnos y alumnas, y no nos dicen eso, porque no es un objetivo de estas pruebas realizar un análisis cualitativo de la realidad. El SIMCE es un esfuerzo de síntesis que encasilla, categoriza y selecciona a las escuelas según un solo criterio: el rendimiento a una prueba estandarizada. 

Lamentablemente el SIMCE se ha transformado en principio, medio y fin. El puntaje ha sido exorcizado de su contexto original y parece decirnos “la verdad” única y fiel de nuestra educación. Es así como muchas escuelas vuelcan sus esfuerzos a restringir sus propuestas curriculares y en  seleccionar sólo a los “buenos” alumnos/as, expulsando a los “malos”… 

El SIMCE es hoy uno de los mejores indicadores de la segregación escolar. Pierre Bourdieu nos mostró cómo los sistemas escolares eran unas máquinas eficientes para naturalizar el orden social, es decir para no cuestionar mayormente por qué unos acceden con cierta facilidad a las mejores posiciones, mientras otros se quedan atrás. La meritocracia, tan defendida en Chile, tiene un sospechoso correlato con los niveles socioeconómicos de los alumnos/as, mientras más abajo nos ubicamos, el ascensor social que nos mueve parece estar más roído y oxidado. Así, las evaluaciones, el examen, siguiendo a Foucault son instrumentos para el control social que permiten justificar una relación de poder.

El SIMCE chileno nos revela una triste realidad. A medida que nuestras niñas y niños avanzan a través el sistema escolar la brecha de resultados aumenta progresivamente, correlaciona con la alta selectividad del sistema que para la educación media separa por un lado a las escuelas privadas, algunas particular subvencionadas (para los sectores medios, medios-altos), los liceos municipales emblemáticos y los ahora liceos de excelencia; y por otro, los liceos técnico-profesionales, particular-subvencionados (de sectores medio-bajo y bajo), y buena parte de los municipales.  

Uno de los elementos motores de la selectividad, y lo revela justamente el SIMCE, es la enseñanza de las matemáticas. Lo que en otras épocas de nuestra historia fue el aprendizaje de las lenguas extranjeras como factor de distinción, hoy parecen ser las matemáticas. El estancamiento creo que habla del rol social de esta disciplina en el sistema educativo y social. Y aunque lamentablemente han sucumbido las humanidades y las artes, sin embargo, esta debilidad no ha sido suficiente para que las matemáticas se aprendan más en las escuelas. Quizás aprenderlas mejor significaría poder analizar mejor las estadísticas, aprender a razonar mejor sobre la cientificidad de los discursos que se venden. 

La alerta que levantan los resultados del SIMCE es una y otra vez parte de los márgenes del análisis de política educativa. Esta fractura social se amplifica en un sistema escolar que persistentemente parece innovar en mejores formas de filtrar, anulando el esfuerzo de nuestras hijas e hijos más pobres. 

Jamal Malik nos queda en la retina representando el saber producido en el dolor de las vidas pobres despreciadas. Su triunfo enfrenta la desconfianza de los otros.

Columna publicada en Blog Versus 21 facilitada por el autor.
Titulo Original: El SIMCE y la fractura social

La Desigualdad en Chile es un Problema Estructural y no Cíclico

por Loreto Soto

Un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ubicó a Chile en el primer lugar de los países con peor distribución del ingreso y con los mayores índices de pobreza entre los miembros de esta entidad. Y pese a que tanto el Gobierno como el empresariado confían en que el crecimiento y la generación de empleos mejoren la situación, expertos aseguran que se trata de problemas estructurales derivados del sistema económico que impera en el país.

Un panorama poco alentador respecto de la distribución del ingreso en el país reveló este martes el informe “Panorama de la Sociedad”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Según el documento, Chile ocupa el primer lugar respecto de la desigualdad de la distribución de los ingresos en su población y se posiciona en el tercero en cuanto a los índices de pobreza. Un diagnóstico que pone el dedo sobre la yaga, después de todas las gestiones que se realizaron para que nuestro país, finalmente, pudiera entrar al grupo de las naciones más ricas.

De acuerdo a lo que indicó la OCDE, Chile posee un coeficiente de Gini – que mide la desigualdad- de 0,50, mientras la media de la organización es de 0,31. Es decir, el país se encontraría al nivel de Brasil, México y Zambia. Por otro lado, se alcanza un total de 18,9 por ciento de pobreza, lejos del 10 por ciento en promedio que registran los países miembros de la OCDE.

Estas cifras, en todo caso, no son una sorpresa. De hecho, la encuesta Casen de 2009 – que se dio a conocer el año pasado- ya indicaba un aumento en la brecha de los ingresos autónomos entre los ricos y pobres durante el periodo 2009 – 2006. Así  el 10 por ciento más rico incrementó en un 9,1 por ciento sus ingresos, bordeando los 3 millones de pesos en promedio, mientras que el 10 por ciento más pobre redujo este ámbito en un 26 por ciento, alcanzando cerca de 63 mil pesos. La encuesta también reveló un aumento de la pobreza de un 13 a un 15 por ciento.

Frente a este escenario, el ministro de Planificación, Felipe Kast, comentó que “es una vergüenza social que en un país que crece tanto tenga estos niveles de pobreza y de desigualdad y, por lo mismo, estamos teniendo un gasto social muy fuerte e importante y no solamente eso, sino que un crecimiento económico que es la gran herramienta para destruir la pobreza. Sin empleo es muy difícil que podamos lograr el desafío de garantizarle a cada chileno, un lugar de dignidad”.

Con mayor optimismo , el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Andrés Concha, aseguró que estos indicadores son efectos de la crisis económica y que con la recuperación del crecimiento, el escenario volvería a ser favorable.

“Coincide con un periodo de desempleo y altos precios de los alimentos como ocurrió en 2009. Eso juega en contra de la distribución del ingreso. Esperamos que esas cifras puedan mejorar con la expansión de la economía y el aumento del empleo porque realmente la capacidad de insertar en el mundo del trabajo a la gente que está cesante o inactiva, genera un impulso que se ve altamente beneficiado en los sectores de menores ingresos”, dijo Concha.

Sin embargo, para el economista y director de la FLACSO, Andrés Solimano, la desigualdad en la distribución de los ingresos del país es un problema estructural que más allá de aspectos coyunturales, se relaciona con el sistema económico imperante en Chile y que no ha podido ser resuelto por ningún Gobierno en las últimas décadas.

“El índice de Gini está sobre el 50 por ciento en Chile hace por lo menos un cuarto de siglo. Puede tener vaivenes, como bajar la desigualdad en años de crecimiento económico y subir en periodos de recesión porque se afecta más a la fuerza laboral que pierde empleos e ingresos. Eso es cierto, pero todo eso pasa en torno a una media de desigualdad en torno a un 50 por ciento. Eso ya es un problema estructural y no parte de un ciclo”, precisó Solimano.

De hecho, Chile pasó de tener un ingreso per cápita de 4 mil 500 dólares en los ´80 a 13 mil en 2010 y la desigualdad se ha mantenido constante. “El crecimiento económico por sí mismo no cierra la brecha entre los ingresos”, afirmó el experto.

En este sentido, el economista indicó que existen ciertos factores de fondo que ayudan a perpetrar la inequidad a lo largo del tiempo. Entre ellos se incluye la concentración de la tenencia de activos de las grandes industrias en pocas manos; la falta de reducción de la brecha de los ingresos laborales entre los ejecutivos y la mano de obra; la disgregación de la fuerza sindical que disminuye el poder de negociación de los trabajadores y la inoperatividad de elementos que potencialmente podrían disminuir las desigualdad como la calidad de la educación pública que serviría como movilizador social.

A juicio de Solimano es necesario promover un consenso social para impulsar iniciativas como una Reforma Tributaria – el elemento por excelencia para reducir las brechas- y una Reforma Educacional que potencie la educación pública.

Extraido de radio.uchile.cl

Agradecimientos a VERSUS 21

Cámara solicita Reprogramación de deudas del Fondo Solidario de Crédito Universitario

Con 49 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Acuerdo 253, que solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que permita la reprogramación de deudas provenientes del Fondo Solidario de Crédito Universitario en condiciones que facilite a los deudores solucionarlas en forma efectiva, posibilitando el reintegro de dichos recursos al erario nacional.

La impulsora de la iniciativa fue la diputada independiente Marta Isasi, quien hizo presente que en la actualidad hay muchas personas que registran deudas vencidas provenientes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, establecido por la ley 19.287 y que por dicha razón se encuentran figurando en los diversos registros de morosidad, lo que les impide acceder a créditos financieros.

Enfatiza la parlamentaria que se hace necesario que dichas personas puedan regularizar su situación de acuerdo a sus reales capacidades económicas de modo que además de obtener el reintegro de estos fondos al erario fiscal ellos puedan ser objeto de crédito mediante la aclaración de sus respectivas morosidades y eventuales protestos de documentos mercantiles que les afecten.

Para tal fin, precisa la diputada Isasi, se hace necesario una ley, de iniciativa presidencial, que modifique, tanto la Ley 19.287 como la ley 19.848, que estableció normas de reprogramación de las deudas provenientes de dichos créditos, con el objeto que estas personas puedan repactar sus actuales deudas en condiciones que les permitan satisfacer el servicio de las mismas.

Extraido de Cámara de Diputados

Los Problemas de las Becas otorgadas por el MINEDUC y la JUNAEB

por FECH

Impresentables atrasos, reducción de los montos, cambios desfavorables en las condiciones de postulación y falta de transparencia son los principales problemas que presentan las ayudas del Estado a las que postulan los estudiantes de los primeros quintiles.

Un completo desorden impera hoy en el sistema de becas de aranceles otorgadas por el Ministerio de Educación y en las becas de alimentación otorgadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB. De la promesa de eficiencia sobre la que se funda el gobierno no hemos visto nada y, peor aún, la celebrada y anunciada “focalización” comienza a mostrar su verdadero rostro.

A los ya conocidos atrasos en la entrega de muchas becas (que se detallan a continuación) se suma la negativa a entregar de forma transparente y oportuna la información sobre estos problemas que son de evidente interés público. A continuación les dejamos un análisis beca por beca indicándoles quiénes pueden acceder al beneficio, el monto que cubren y principalmente la carencia que adolecen.

Becas de arancel otorgadas por el MINEDUC

Fondo Solidario de Crédito Universitario: el FSCU cubre del 100% al 50% del arancel de referencia de aquellos estudiantes pertenecientes al 3er y 4to quintil, es decir, los estudiantes donde los ingresos familiares fluctúan de $ 102.397 a290.696 per cápita.

Las asignaciones de la beca se realizan solo durante el primer año de estudio y no consideran cambio de situaciones para mayor asignación durante la vida estudiantil. Además, asigna una cobertura por arancel de referencia la que es insuficiente para las necesidades de los estudiantes y solo se tiene plazo durante el primer año de estudio para apelar a las mejoras de las asignaciones de fondo.

Beca Bicentenario: cubre el 100% del arancel de referencia. Beneficia a aquellos estudiantes que se ubican en el 1er y 2do quintil, es decir, ingresos familiares hasta $102.326 per cápita.

La problemática que presenta la beca Bicentenario tiene que ver con que la brecha entre arancel de referencia y el real es imposible de cubrir y no quedan favorecidos los grupos pequeños. Asimismo, quienes apelan al Fondo Solidario si bajan de quintil, tras las evaluaciones de las asistentes sociales, no tienen derecho a postular a esta beca. Como si fuera poco, a contar de este año no podrán postular a esta beca los estudiantes de nacionalidad extranjera con residencia en Chile.

Beca de Excelencia Académica: la BEA tiene actualmente una cobertura de $ 1.150.000 que favorece a estudiantes con ingresos familiares de $ 102.397 a 290.696, o sea, estudiantes del 3er y 4to quintil. La beca es complementaria a la FSCU hasta el arancel de referencia, sin embargo, no se tiene el beneficio de asignación de becas de alimentación ni beca en dinero. Si presentan problemas en cuanto a la asignación de los fondos, el estudiante solo puede apelar durante el primer año de estudio y no se puede mover asignación de becas. Por otra parte, en caso de pérdida de beca por sobrepasar la duración oficial de la carrera o avance académico insuficiente, no existe cobertura del FSCU.

Becas de mantención complementarias otorgadas por la JUNAEB

Beca de Alimentación de la Educación Superior: la BAES funciona con una tarjeta con sistema de cheque restaurant con un monto de $ 26.000 mensuales y se entrega a estudiantes del 1er y 2do quintil, donde el tramo de ingreso familiar es hasta $102.326 per cápita. La beca presenta problemas en la cantidad de los montos, los cuales son insuficientes para cubrir alimentación, pues no se reajusta desde 2007.

Además, la red de compra es restrictiva y el sistema de validación es poco oportuno. Existe un excesivo número de operadores funcionando, JUNAEB, MINEDUC, Sodexho. Por otro lado, se pierde el beneficio si se pierde la beca de arancel.

Beca de Mantención de la Educación Superior (BEMES): la beca se da por un monto de $15.500 mensuales y va dirigida al 1er y 2do quintil. Funciona a través de un organismo distinto a la beca de alimentación, lo que genera descoordinación. Por otro lado, los montos son insuficientes, se pierde beca arancel y existe atraso en los pagos.

Beca Presidente de la Republica: beca de 1,24 UTM (aprox. 54 mil pesos). Las postulaciones se hacen en la enseñanza media, dándole una continuidad en la educación superior. El tramo favorece al 1er y 2do quintil clasificado por puntaje. Funciona a través de un organismo distinto de BAES y BEMES y da sanciones económicas a estudiantes que postergan fuera de plazo y además existe un retraso en los pagos. Por otro lado, la aplicación de la nueva normativa que fijará el piso de nota 6,0 como promedio anual durante todos los años de estudio, dejaría fuera al 90% de los beneficiarios, en el caso de la Universidad de Chile se existen 660 estudiantes.

Asimismo, esta beca no permite la postulación en educación superior, teniendo como principal problema el retraso en la entrega de la información del proceso.

Beca Indígena: posee una asignación anual de $600.000 aprox., la cual es pagada en cuotas, favoreciendo al 1er y 2do quintil. Funciona a través de un organismo distinto de BAES y BEMES. El principal problema de la beca son las sanciones económicas a estudiantes que posterguen fuera de plazo, también existe retraso en los pagos y tiene reducidos los cupos.

Revisa una breve presentación en http://tinyurl.com/65bk4lf

Extraido de Federación de Estudiantes Universidad de Chile

Han sido encontrados los restos de Gregorio Mimica, dirigente estudiantil de la UTE, en 1973

De: Amigos de Goyo < goyom1973@gmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla >   

Fecha: 10 de abril de 2011 10:14   

Asunto: Apareció Goyo despues de 37 años 1/2, estudiante de la Ute-Usach   

Para: Centro de Estudiantes de Ingeniería Usach < cemet2010@gmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla >   

Cc: Corporación UTE-USACH < corporacionuteusach@gmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla >

Comunicamos que han sido encontrados los restos de Goyo Mimica en el Cementerio General, después de estar, por mas de 37 años, detenido desaparecido. El reconocimiento de su cuerpo se realizo a través de múltiples muestras de ADN y de años de investigación, primero del Juez Guzmán y ahora del Ministro Alejandro Solis.

Este hallazgo y esclarecimiento de su asesinato es debido de la lucha y presión de sus: familiares, amigos, estudiantes de la comunidad universitaria UTE, Usach, del Liceo Andrés Bello, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Agrupación de Ejecutados Políticos y de la Solidaridad Internacional que se movilizan y lucharon contra la violación de los derechos humanos durante la dictadura 1973 - 1990. 

Estamos en espera de la fecha de su sepultura, para luego asistir a una  ceremonia con todos los estudiantes, amigos y compañeros de Goyo. 

Agradeceré difundir su biografía, homenajes o entregue sus sentimientos en comentarios en su blog  http://goyomimica.blogspot.com o en el blog en homenaje a héroes y mártires de la democracia, victimas en la dictadura, de la comunidad universitaria ute-usach

Amigos y compañeros de Goyo
y Corporación Ute-Usach

La UTE vive 


Extraido de piensaChile.com

Una Sociedad de Demócrata-Cristianos tras el Control de la Universidad Central

por Christian Armaza y Rodrigo Cavieres

Una sociedad de inversiones ligada a la Democracia Cristiana es la que quiere controlar la Universidad Central, cuyos alumnos paralizaron las clases durante esta semana (pasada). Ellos se oponen a la llegada de un grupo económico que ya destituyó a un rector, decanos y otros 210 docentes. El Ministerio de Educación tendrá que definir si acepta el cambio de los estatutos que permitiría el traspaso.

Los estudiantes de la Universidad Central marcharon este viernes hasta la Casa Central de su centro de estudios para exigir la salida de toda la junta directiva, la renovación de la asamblea general y la no incorporación de la Sociedad de Inversiones Norte Sur, ésta última que podría transformarse en sus eventuales dueños.

Dicha sociedad tiene como presidente a Vicente Caruz, quien fuera gerente del Banco del Desarrollo; al ex presidente de Celulosa Arauco y ministro de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Aylwin, Alberto Etchegaray; y a Sergio Molina, presidente del Banco Central y ministro de Hacienda, Educación y Planificación en los gobiernos concertacionistas. El gerente general de la sociedad es Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo, quien de empresario salmonero y presidente SalmonChile pasó a ser subsecretario de Pesca en el gobierno de Ricardo Lagos.

UNA UNIVERSIDAD PRESIDIDA POR UNA JUNTA DIRECTIVA

Esta institución de educación superior se creó en 1982, sin embargo muchos estudiantes temen que se pierda el carácter público de una universidad que si bien es privada no tiene dueños, sino que una junta directiva.

La universidad está dirigida por una Junta de Directiva de 6 miembros, elegidos por una asamblea general formada por dos docentes de cada facultad, siendo 14 en total. Este último organismo es el responsable de cambiar los estatutos.

En 2001 en la universidad se dictó un nuevo estatuto que indicaba que no tendría dueños, sino que sería conducida por una junta directiva de seis miembros, nombrada por la una asamblea general de académicos.

“Esta universidad era la única que podía mostrar un rostro honesto, porque los excedentes se reinvierten en el mismo plantel”, expresó un académico que no quiso dar su nombre.

Constanza Galleguillos, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, expresó que a mediado del año pasado la Universidad firmó una alianza estratégica con Norte Sur, en el contexto del plan académico 2010-2020, el cual contempla como principal objetivo la instalación de una Facultad de Medicina.

El ingreso de Norte Sur solo se puede hacer cambiando los estatutos, situación que no ha sucedido. Si así ocurriera, Norte Sur llegaría a tener el 45% del patrimonio de la institución y además otro 5% para un Fondo de Inversión.

La decisión está en mano del Ministerio de Educación que tiene que aprobar el cambio de estatutos. De aprobarse se estaría vendiendo el 50% de una universidad, que si bien es privada según sus estatutos no tiene dueños.

CAMBIO DE ESTATUTOS

El 5 de agosto se propuso un cambio de estatutos concordado por los órganos correspondientes que el Ministerio de Educación tenía que aprobar, sin embargo éste fue retirado por Ernesto Livacic y reingresado el 22 de noviembre, quien indicó al medio de comunicación anteriormente mencionado, que había sido sólo por un acto administrativo.

Gallegillos adelantó que la instalación de la nueva facultad no saldría del dinero de los propios inversionistas, sino del porcentaje del patrimonio de la Universidad que la sociedad se adjudicaría.

Otros estudiantes denuncian que la votación desarrollada el 2010, del total de los asambleístas que votaron, ocho ya habían terminado su periodo en ese estamento. Además destacó que solo dos se opusieron a la incorporación de Norte Sur.

El próximo martes 12 el Ministerio de Educación se tendrá que pronunciar sobre la reforma de los estatutos, de tener un pronunciamiento negativo las expectativas de Norte Sur se terminarían.

PLURARISMO EN LA CENTRAL

Con la incorporación de los inversionistas, los estudiantes denunciaron que removieron del cargo al fiscal de la Universidad, al director de aseguramiento de la calidad, al ex rector, Luis Lucero, a decanos y aproximadamente 210 profesores por oponerse la incorporación de Nortesur.

Temen que se pase a llevar los principios de la institución como independencia y el pluralismo al incorporar en importantes cargos a gente ligada a la Democracia Cristiana. Como es el rector suplente a Ignacio Larraechea, a quién indican que es pariente cercano de la esposa del ex candidato presidencial, Eduardo Frez Ruiz Tagle.

Asimismo incorporaron como Decano de la Facultad de Salud a Ricardo Fábregas, ex candidato a diputado demócrata cristiano por Maipú y Cerrillos y a Sebastián Bowen, coordinador de la derrotada campaña de Frei a la presidencia, como encargado de Responsabilidad Social.

Pese a que se intentó tener una versión oficial por parte de Larraechea, actual rector, éste sólo se comunicó a través de un documento dirigido a los estudiantes diciendo que debido a los agravios que cometían contra el rector con las denuncias en su contra, no los iba a poder recibir, sin embargo estaba dispuesto a establecer el diálogo.

 

Extraido El Ciudadano

Diputados Proponen Gratuidad en el Transporte Público para todos los Estudiantes de Chile

La iniciativa, iniciada por un grupo transversal de diputados, pretender, además, entregar la confección y administración de los pases escolares al Ministerio de Educación. 

En la línea de terminar con las irregularidades y anomalías presentadas en la entrega de los pases escolares, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto (boletín 7521) que regula este concepto y establece la gratuidad en el transporte de estudiantes en la locomoción colectiva, buses interurbanos y otros medios similares.

La iniciativa, enviada para su análisis a la Comisión de Educación, fue ingresada a trámite el 10 de marzo pasado por los diputados independientes René Alinco, Marta Isasi y Miodrag Marinovic; los PPD Enrique Accorsi, Rodrigo González, Tucapel Jiménez y Orlando Vargas; los PS Osvaldo Andrade y Fidel Espinoza; y el radical Fernando Meza.

Según destacaron los parlamentarios, las irregularidades manifestadas por más de 10 años dan cuenta de la urgente necesidad de regular por ley y de manera clara y precisa el instituto de la tarifa y el pase escolar, así como los sistemas de administración de este beneficio.

El proyecto indica que los estudiantes de enseñanza media (de establecimientos públicos, particulares pagados o subvencionados) y de educación superior (de universidades públicas y privadas, institutos profesionales o centros de formación técnica, reconocidos por el Estado) “gozarán del derecho a transportarse gratuitamente en los servicios públicos de locomoción colectiva”.  

Se precisa que los empresarios del transporte deberán dar cumplimiento a esta disposición, en caso contrario, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 10 a 100 Unidades Tributarias Mensuales. Será competente para conocer de estas infracciones el Juzgado de Policía Local de la Comuna en que se hubiere producido la infracción.

Se establece que, para gozar del beneficio, los estudiantes deberán portar y exhibir al conductor un pase estudiantil (PE) otorgado por el Estado. Éste se considerará como un documento público, personal e intransferible que acreditará la calidad de estudiante regular de enseñanza básica, media y superior y que permite el traslado de los estudiantes, en los medios de transporte público de pasajeros, incluidos microbuses, taxibuses y buses interurbanos.

El PE será exigible a los estudiantes desde el quinto año de enseñanza básica y la facilitación indebida, enmienda o adulteración será sancionada de acuerdo a las normas legales vigentes.

El pase deberá indicar el nivel de enseñanza, ya sea básica, media o superior y regirá de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Los pases que expiren en determinado año escolar podrán ser utilizados hasta el 31 de mayo del año siguiente a su expedición. Un Reglamento Regulará la forma o procedimientos para la Confección, administración y entrega del Pase Estudiantil.

Extraido de Cámara de Diputados

Cannabis: Entre la prohibición, el negocio y los fines terapéuticos

por Maria Eugenia Rodriguez

El cannabis o marihuana ha sido utilizado milenariamente en rituales religiosos y con fines terapéuticos. En la Edad Media, quizás hubiese sido difícil imaginar que en el siglo XX su uso sería prohibido y criminalizado, pues para la época era referido en las famacopeas -libros recopilatorios de recetas- y ya para el siglo XIX era prescrito sin restricción en las boticas.

Fue prohibido por primera vez con La Ordenanza de El Paso (EE.UU.), en 1914. Pero fue Harry J. Anslinger, el Comisionado de Narcóticos, quien inició el control de la producción, distribución y consumo del cannabis a nivel federal, promoviendo una intensa campaña a favor. Su objetivo se materializó en 1937 con el Marijuana Tax Act.

Actualmente, es una planta controversial. A su alrededor existen muchos cuestionamientos y mitos: ¿Por qué se prohibió? ¿Induce comportamientos violentos o tranquilizantes? ¿Sus propiedades terapéuticas son mejores que las de otras drogas legales? Estas preguntas están entre otras tantas interrogantes que siguen abiertas y que no han evitado que sea la droga ilegal más consumida en el mundo. Negar sus propiedades terapéuticas es negar su historia y su naturaleza, pero es la ciencia quien debe tener la última palabra.

A casi un siglo de que fuese prohibida por primera vez, vale la pena reflexionar por los aprendizajes y los desafíos que impone la marihuana y sus matices al diseño de las políticas públicas.  A lo largo de estos años, se ha escrito una historia que difícilmente será reversible y que merece ser abordada con “calma y cordura”. Así se podrá minimizar el riesgo de respaldar argumentos con fundamentos ambiguos que inciten a la toma de decisiones que agudicen los problemas existentes, o que cierren oportunidades a nuevas opciones de mejora social. El paso de la descriminalización a la santificación del cannabis exige un rediseño congruente de la lucha contra las drogas, pues no se puede criminalizar y legalizar a la vez.

Si algo hemos aprendido es que el cannabis es un negocio millonario que ha puesto en entredicho la efectividad de la regulación que lo prohíbe. Y que si bien el uso con fines terapéuticos busca ofrecer mejoras en la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas, así como la expectativa del desarrollo de nuevas medicinas, el proceso de legalización, ya sea discriminando por sus usos, implica una caza de rentas en la medida que permite obtener nuevos ingresos fiscales vía recaudación. Asimismo, se espera que la legalización garantizara el ahorro (o reasignación) de los recursos destinados actualmente a criminalizar y penalizar su consumo.

Es importante tener claro que la legalización no ha resuelto el problema de la lucha de drogas ni sus consecuencias sociales. Sin embargo, puede favorecer a la reducción recursos que limiten la capacidad de los Estados de enfrentar esta problemática, incentivando también la creación de mercados paralelos, pues siempre que exista una diferencia entre los precios, existirá un incentivo para los cárteles de cubrir está demanda.

Sin embargo, las medidas regulatorias a favor del cannabis con usos terapéuticos llegaron para quedarse en algunos países. Por ejemplo actualmente 14 Estados de EEUU las han implementado. Pero dichas medidas exigen atención y evidencian la necesidad de crear espacios de diálogo que debatan y promuevan algunas ideas:

Que el cannabis con fines terapéuticos sea legal no implica que su consumo no tenga riesgos: El alcohol y el tabaco son legales y nocivos para la salud. Es importante acotar el término: ¿terapéutico para qué? y ¿para quién? ¿Qué características debería tener un diseño institucional que permita la coexistencia de un sector ilegal y otro legal que desarrolle el negocio del cannabis como medicina?

Las regulaciones son una de las respuestas que puede dar el Estado, como una forma de intervención cuando el mercado falla. Deben responder a una visión y a un profundo entendimiento de lo que se quiere regular y no a caprichos retóricos. En esta regulación se juega el hecho de favorecer condiciones que puedan representar un retroceso en los avances de la lucha contra el consumo y producción de sustancias ilícitas, versus negar la oportunidad a la medicina de desarrollar nuevas alternativas que ofrezcan mejores condiciones de vida a pacientes con patologías crónicas.

Extraido de Sentidos Comunes

Video: El Sistema Educativo es Anacrónico

"La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos estudiantes; y está matando su motivación para aprender.”
(Ken Robinson)

En los últimos 50 años las esferas económica, cultural y personal han dado un vuelco en el mundo entero. Y sin embargo, los sistemas educativos no han movido un ápice sus programas y sus objetivos. ¿Por qué se aburren los niños y niñas en el colegio? ¿Por qué llegan al mundo adulto sin tener idea de sus propios talentos y capacidades?

En el programa Redes para la Ciencia, Eduard Punset conversa con Ken Robinson sobre la necesidad de demoler un sistema educativo anacrónico, nacido para y por las sociedades industriales.

Extraido de Sala de Historia

Aseguran que Chile no Respeta los Derechos de los Niños Indígenas

por Katia Miranda

La académica y experta en educación intercultural de la Usach, Elisa Loncon, aseguró que Chile sigue discriminando a los pueblos originarios. De paso, advierte que las políticas públicas en este tema, son "racistas".

"Hay mucha indiferencia e ignorancia por parte del gobierno chileno respecto a la niñez indígena, hay una falta de atención y no sólo en la zona de conflicto, en la Araucanía, sino en todo el país". Así lo advirtió la académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Elisa Loncon, experta en educación intercultural, al referirse al Informe sobre Violencia Institucional contra la Niñez Mapuche en Chile que presentaron diversas organizaciones nacionales en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La académica del Departamento de Educación de la Usach, asegura que "no se ha focalizado una política pública que libere a la sociedad de la discriminación y el racismo. Faltan acciones de protección, pero también de valoración de la identidad y la cultura de los pueblos originarios".

El informe, entregado el pasado 25 de marzo y que conllevó sesiones de discusión hasta el 1 de abril, concentra datos recabados de violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas mapuches en Chile perpetradas por instituciones del Estado como Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI). El informe documenta casos de niños y niñas entre 9 meses y 17 años, heridos de balines, asfixiados por bombas lacrimógenas, encañonados con armas de fuego, golpeados, amenazados de muerte por inmersión, tratados de manera degradante, perseguidos, allanados en sus colegios, tratados inhumanamente durante la detención, hostigados, raptados e incluso, da cuenta del homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002.

Las anteriores, son algunas de las acciones de violencia institucional que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuches durante los últimos once años.

Es primera vez que un informe de esta naturaleza se presenta en la CIDH, y fue gestionado por la Fundación ANIDE junto con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), contando con el apoyo de Kindernothilfe y Save The Children, y el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC).

La CIDH hará una visita a nuestro país en los próximos meses para recoger datos del Gobierno sobre cuántos menores mapuche han sido detenidos, procesados y por qué motivos.

Llamado urgente

La académica Loncon reitera que "las familias mapuche en territorio militarizado son constantemente investigadas, allanadas y hostigadas en sus casas. Esta situación de violencia, aunque no fuera directamente, al niño lo afecta y perjudica causando daños irreparables, por eso el llamado es a que el Estado chileno se haga urgentemente cargo, ya que está en falta con su país y con todos los tratados internacionales sobre derechos humanos".

La experta en interculturalidad, recordó el caso de la niña Vania Queipul, estudiante mapuche de 15 años, que sufrió en 2010 la detención al interior de su establecimiento educacional en horas de clases, por ser aparentemente responsable del delito de daños simples, consistente en lanzar una piedra al edificio del Ministerio Público de la ciudad de Collipulli. "Esta niña fue procesada e investigada y aunque finalmente salió sin cargos, la trataron como delincuente, la expusieron como conflictiva ante sus compañeros y profesores, pero ¿quién repara eso?", puntualizó la académica.

Para Elisa Loncon es esencial que el Estado garantice a las y los niños indígenas lo estipulado en el artículo Nº 30 de la Convención de los Derechos del Niño (1989), que indica: "Es derecho de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma" .

Por otro lado, a su juicio "los medios de comunicación reproducen la discriminación y la poca valoración social de los pueblos en la entrega de información, muestran a los indígenas en condiciones de violencia, radicalizados, no dejando ninguna opción que la asimilación forzada, la integración", enfatizó Loncon.

"Es necesario cambiar esta práctica, de ahí la importancia que la legislación chilena se ajuste a los tratados y convenios internacionales, que protegen a la niñez indígena, su integridad humana, su cultura y lengua. No es justo que a nombre del progreso y de los intereses económicos de los más ricos, entre ellos de las forestales, se maltrate a la infancia más vulnerada; esto habla muy mal de nosotros como país", subrayó Loncon.

De este modo la académica de la Usach sostiene que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general, deben "recuperar los derechos políticos que les competen en cuanto a pueblos", porque el tema de fondo no es sólo económico, es político, de participación en la toma de decisiones y también de valoración y aceptación, por parte de la sociedad de sus diferencias culturales y lingüísticas. Este país debe pensarse y construirse con la diversidad de pueblos existentes; y aquí estamos en deuda con los pueblos indígenas", puntualizó, finalmente, la profesora Loncon.

Extraido de usachaldia.cl